Miguel Ángel Pichetto volvió a ubicarse en el centro de la escena política al reclamar que el Congreso de la Nación avance en un debate para declarar la nulidad de la condena que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
El planteo fue realizado durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, en el marco de una jornada convocada al cumplirse un año de la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.
Durante su exposición, el legislador de Encuentro Federal sostuvo que el Poder Legislativo cuenta con facultades para intervenir frente a situaciones de “gravedad institucional” y consideró que el fallo judicial debe ser revisado por sus implicancias políticas e institucionales.
“Hay facultades inherentes del Congreso, que puede, por razones de gravedad institucional, declarar la nulidad de un fallo de la Corte”, afirmó Pichetto ante los integrantes de la comisión.
El ex senador también cuestionó el proceso judicial que derivó en la condena de Cristina Kirchner y aseguró que una exjefa de Estado debería contar con un mecanismo de juzgamiento especial. Según argumentó, la situación de la exmandataria coloca a la democracia argentina en una situación de “extrema fragilidad”.
Además, enumeró una serie de presuntas irregularidades en el desarrollo de la causa, entre ellas la integración de los tribunales, la actuación de los fiscales y las limitaciones que, según su visión, tuvo la defensa para recurrir determinadas decisiones judiciales.
Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente acercamiento político entre Pichetto y Cristina Kirchner. En los últimos meses, ambos dirigentes retomaron el diálogo y mantuvieron encuentros que alimentaron especulaciones sobre una eventual convergencia de sectores del peronismo con vistas a la construcción de una alternativa opositora al gobierno de Javier Milei.
El planteo del diputado se suma a las acciones impulsadas por distintos sectores de Unión por la Patria, que a un año de la condena volvieron a denunciar una supuesta proscripción política contra la expresidenta y reclamaron una revisión de las condiciones en las que cumple prisión domiciliaria.
Sin embargo, la posición de Pichetto reavivó el debate sobre los límites entre los poderes del Estado. La Corte Suprema, al dejar firme la condena en la causa Vialidad, rechazó los planteos de la defensa y sostuvo que durante el proceso no se vulneraron garantías constitucionales ni el derecho de defensa de la exmandataria.
La iniciativa no tiene por el momento consenso suficiente para avanzar en el Congreso, pero volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el alcance de las facultades parlamentarias frente a decisiones judiciales de alto impacto político.
