Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y foros hídricos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma lanzaron una campaña para rechazar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), mientras el Gobierno nacional avanza con el proceso de licitación que definirá el futuro de la empresa encargada de brindar agua potable y servicios cloacales a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el destino de una de las empresas públicas más importantes del país. En mayo, el Gobierno nacional oficializó el llamado a una licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de AySA que actualmente están en manos del Estado, en el marco del plan de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. El cronograma prevé la presentación de ofertas hasta fines de agosto y la posterior evaluación de los interesados.
Uno de los ejes centrales de la campaña es el rechazo al convenio firmado entre distintas jurisdicciones argentinas y Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel. Las organizaciones cuestionan que la compañía participe en planes maestros y estudios vinculados a la gestión de recursos hídricos en varias provincias argentinas.
Los sectores críticos sostienen que la intervención de Mekorot promueve una visión mercantil del agua y denuncian antecedentes controvertidos de la empresa en los territorios palestinos ocupados. Por ese motivo, organizaciones ambientales, académicas y de derechos humanos vienen reclamando desde hace años la revisión y anulación de los acuerdos suscriptos con la firma israelí.
Para los impulsores de la campaña, la privatización de AySA y los convenios con Mekorot forman parte de una misma orientación política vinculada a la creciente participación de actores privados o externos en la planificación y administración de un recurso estratégico. Desde esos espacios advierten que el agua debe ser gestionada como un bien común y no bajo criterios exclusivamente económicos o comerciales.
Desde distintos sectores sostienen que la transferencia de la compañía al sector privado podría tener un fuerte impacto sobre el acceso al agua potable, las tarifas y la ejecución de obras de infraestructura necesarias para ampliar la cobertura en barrios populares y zonas postergadas del conurbano bonaerense.
La campaña reúne a entidades sindicales, organizaciones vecinales, asambleas socioambientales y espacios vinculados a la defensa de los recursos hídricos. Entre los principales cuestionamientos aparece también el acuerdo firmado entre organismos argentinos y la empresa estatal israelí Mekorot, que desde hace varios años genera controversias entre sectores ambientalistas y organizaciones de derechos humanos.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que tanto la privatización de AySA como los acuerdos de asesoramiento vinculados a la gestión del agua responden a una lógica de mercantilización de un recurso que consideran estratégico y esencial para la vida. En ese sentido, advierten que el acceso al agua potable debe ser garantizado como un derecho humano y no quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad económica.
Durante las últimas semanas ya se realizaron movilizaciones y presentaciones en distintos municipios bonaerenses. En distritos como Lomas de Zamora, organizaciones vecinales y ambientales llevaron adelante acciones públicas para expresar su rechazo al proceso privatizador y alertar sobre posibles aumentos tarifarios, reducción de inversiones y dificultades para garantizar la universalidad del servicio.
La preocupación también alcanza a trabajadores del sector. Desde centrales sindicales y agrupaciones vinculadas a AySA denunciaron que las modificaciones regulatorias impulsadas por el Gobierno podrían afectar la expansión de las redes de agua y cloacas, además de habilitar mayores flexibilidades para las futuras concesionarias privadas. En recientes manifestaciones, las organizaciones remarcaron que el agua constituye un derecho humano fundamental y rechazaron cualquier intento de convertirla en un bien sujeto exclusivamente a las reglas del mercado.
Por su parte, el Gobierno nacional defiende la privatización argumentando que la incorporación de operadores privados permitirá atraer inversiones, mejorar la eficiencia operativa y ampliar la infraestructura de servicios. Según la administración nacional, la venta de la participación estatal busca modernizar la empresa y reducir la intervención del Estado en actividades empresariales.
El debate promete intensificarse en los próximos meses. Mientras avanza la licitación que definirá el futuro de AySA, las organizaciones que integran la campaña anunciaron nuevas actividades, jornadas de difusión y acciones territoriales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para visibilizar los riesgos que, aseguran, implicaría la privatización del servicio de agua y saneamiento para millones de usuarios.
