Allanaron un penal de Florencio Varela por presuntas extorsiones, tráfico de drogas y hasta venta de servicio de internet

Durante el operativo, la DDI de Quilmes incautó teléfonos celulares en distintos sectores del penal, incluidos dos equipos hallados en la oficina del subdirector. La banda, integrada según la denuncia por exmiembros de fuerzas de seguridad y armadas, habría contado con la connivencia de personal penitenciario.

La Policía Bonaerense allanó esta semana la Unidad Penitenciaria N°31 de Florencio Varela tras denuncias que apuntan a la existencia de una organización delictiva integrada por internos y agentes penitenciarios. El grupo, conocido entre los presos como "La Comitiva" o "Limpieza y Mantenimiento", habría llevado adelante actividades de tráfico de drogas, extorsiones, reducción a la servidumbre y otras maniobras ilegales dentro del penal, según una presentación realizada ante la Justicia de Quilmes bajo la modalidad de hábeas corpus colectivo.

La denuncia original alcanza a 16 exintegrantes de fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas alojados en el Pabellón N°1, además de cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, por delitos que incluyen narcotráfico, extorsión, falsificación de documentos, usurpación de funciones y tratos degradantes hacia detenidos considerados vulnerables. Los denunciantes describieron el esquema como un "cogobierno carcelario mafioso", que ejercería control sobre los candados de las celdas —conocido en la jerga carcelaria como "el engome"— y sobre distintos bienes y servicios dentro del pabellón.

Entre esos negocios, los denunciantes apuntaron a la administración de tres antenas de la empresa Starlink, por las que "La Comitiva" exigía cuotas mensuales de entre 30.000 y 40.000 pesos a los internos que quisieran acceder a la conectividad. El esquema tuvo problemas cuando otros reclusos intentaron instalar su propio equipo para ofrecer el servicio a un costo más bajo, lo que derivó en agresiones físicas y traslados forzados entre pabellones. También se mencionó una cuota adicional de 15.000 pesos por interno, y mecanismos de recaudación vinculados a mercadería y alimentos que ingresan a través de las visitas.

Los denunciantes agregaron el monopolio en la venta de bebidas y alimentos, la imposición de trabajos forzados y la falsificación de traslados, señalando que todo esto se realizaba con la presunta complicidad de personal penitenciario, incluidos exjefes y agentes en actividad, que habrían permitido a los internos acceder de manera irregular a oficinas y bases de datos oficiales para confeccionar avales falsos y provocar el traslado de detenidos que generaban conflictos con la banda.

El allanamiento, realizado en el Módulo A —en celdas del Pabellón D y en la oficina del subdirector—, se concretó recién horas después de lo previsto, lo que generó sospechas entre los denunciantes de que la información se había filtrado con anticipación. Según una presentación posterior, presos escucharon la frase "Empiecen a sacar la falopa" dentro del Pabellón 1 horas antes del operativo, lo que habría permitido ocultar drogas y otros elementos relevantes para la causa.

Once internos quedaron imputados en el marco de la investigación, que avanza en la UFI N°9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios, aunque los denunciantes solicitaron que el expediente sea apartado de esa fiscalía y quede en manos de otra dependencia de Quilmes, además de pedir la intervención de fuerzas federales dada la gravedad institucional del caso.

No es la primera vez que la Unidad N°31 de Florencio Varela queda en el centro de una investigación judicial por maniobras vinculadas al tráfico de drogas: hace poco más de un año, el penal ya había sido allanado en el marco de otra causa que apuntaba a una estructura interna liderada por otros dos internos.