Cómo operaban los policías detenidos en San Vicente: amenazas, sobornos y armado de causas

La causa por corrupción en la comisaría de San Vicente revela detalles escalofriantes sobre el accionar de dos policías que extorsionaban a comerciantes. Amenazas, pedidos de sobornos semanales y promesas de inventar causas penales si no accedía a pagar forman parte del modo en que operaban.

Según la investigación judicial, los agentes —integrantes del Gabinete Técnico Operativo— abordaban a una de las víctimas tanto en su comercio, una gomería ubicada en el centro de la ciudad, como en las inmediaciones del barrio privado Tiempos de Canning, donde reside. En al menos tres oportunidades, le exigieron 30 mil pesos semanales a cambio de “protección” y para evitar que le clausuraran el local o lo hicieran “robar”.

Uno de los episodios más graves ocurrió el domingo 16 de marzo, cuando un efectivo se presentó cerca de su vivienda y le exigió 10 mil dólares para no colocarle droga ni iniciarle una causa penal. Al día siguiente, su compañero se apareció en la gomería con el mismo pedido. La amenaza era clara: o pagaba, o enfrentaba consecuencias judiciales armadas.

La víctima, que denunció el caso, relató además que los policías le aseguraban que actuaban bajo órdenes del comisario Julio Ovando y del jefe de la DDI de San Vicente. También expresó que esta modalidad extorsiva no sería un hecho aislado, sino una práctica habitual con otros comercios de la zona.

Desde el Municipio de San Vicente manifestaron su acompañamiento a las investigaciones impulsadas por la Justicia y Asuntos Internos, y destacaron la importancia de avanzar con firmeza en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Además, señalaron que seguirán colaborando institucionalmente para garantizar que hechos como este no queden impunes, en defensa de los vecinos y del buen desempeño policial.

Los investigadores buscan determinar cuántas personas fueron víctimas de este mecanismo de presión y hasta dónde llega la cadena de responsabilidades. Los teléfonos secuestrados en la causa podrían ser clave para conocer el alcance del circuito de corrupción.