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Cristina adelantó que denunciará a los fiscales del juicio y vinculó el caso Vialidad con el atentado

Cristina adelantó que denunciará a los fiscales del juicio y vinculó el caso Vialidad con el atentado 1

Durante una hora y media, la vicepresidenta habló ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que la juzga por el presunto direccionamiento en la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, su ex socio comercial. Desde su despacho del Congreso y sin dejar de lado el tono político en su planteos, anunció que denunciará a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que pidieron una pena de doce años de prisión para ella y vinculó los efectos del juicio de Vialidad con el atentado que sufrió el 1 de septiembre cuando intentaron gatillarle dos veces en la cabeza.

"Se desmontaron las mentiras de la fiscalía y vamos a pedir que se los investigue", indicó sobre Luciani Y Mola.

Más tarde, retomó los nexos que, según su mirada, existen entre el juicio de Vialidad y el atentado y sostuvo: "Yo hasta el 1° de septiembre creí que era esto, pero a partir de ahí me di cuenta de que puede haber una cosa más. Es como que el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar ya en hacer cualquier cosa".

Bajo esa misma línea continuó​: "El día que el fiscal terminaba su histriónico alegato pusieron la puerta de mi casa en la televisión. Ahí mismito me quisieron pegar un tiro".

Esos planteos fueron utilizados por la vice que se tenía que dejar de hablar de impunidad a su favor, "yo me siento en un estado total de indefensión, tengo cinco causas por asociación ilícita, algunos jueces y fiscales que me juzgan jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri".

Para reforzar este concepto, en otro tramo haciendo una analogía con la crisis del 2001 y el Estado de sitio decretado por el entonces presidente Fernando de la Rúa indicó: "Yo vivo desde diciembre de 2015 en un Estado de sitio porque se me violaron todas las garantías constitucionales".

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La Argentina -continuó su exposición Cristina Kirchner- "no sale con este Poder Judicial", reiterando sus críticas a la justicia federal que investiga hechos de corrupción.

Fue bajo esos argumentos que reiteró que el TOF 2 le negó "el derecho a defensa" al día siguiente del pedido de condena de la fiscalía cuando solicitó ampliar su indagatoria, instancia que ya había concluido en el juicio. "Aclaro que esta instancia de poder hablar, no es por concesión del Tribunal sino porque me lo permite el Código Procesal sino hubiera estado en estado de indefensión”, reiterando el mismo concepto.

Previo al pedido de absolución que formuló horas después su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta dijo que denunciará a los fiscales que solicitaron una condena a doce años de prisión al encontrarla responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, y de administración infiel en perjuicio de la administración pública. 

"Se desmontaron las mentiras del fiscal Luciani y Mola y quedaron expuestas las arbitrariedades de este juicio, seguí las exposiciones ( de sus abogados ) en vivo y en directo y sentí que era como estar en una serie, donde finalmente se encuentra la verdad que es el deber de los juicios, los jueces y los fiscales”, señaló.

En ese tramo del alegato expuso que realizará un pedido de extracción de testimonios "sobre todas las mentiras de los fiscales contrastadas con las pruebas periciales, testimoniales y documental de este juicio”. Es decir: denunciará a los integrantes del Ministerio Público Fiscal que la acusaron de corrupción.

A la hora de explicar en qué fundará la denuncia se refirió a tres planteos formulados por el Ministerio Público Fiscal, a los que calificó de "tres mentiras, porque las pruebas deben estar en el expediente y eso no ocurrió".

En primer término habló de una prueba documental que a su criterio, debía ser anulada. Se trataba de un informe de la Dirección Nacional de Vialidad de enero de 2016, cuando Mauricio Macri ya había asumido la presidencia de la Nación. "El acta de la funcionaria del Distrito 23 (sede de Vialidad Nacional en Santa Cruz) decía que a diciembre de 2015 no se le debía nada al Grupo Austral, pero durante el juicio la misma persona dijo que firmó eso sin corroborar nada, por miedo a represalias de la nueva gestión de Javier Iguacel".

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Por ese motivo, la vicepresidente remarcó que dicho documental "debería ser destruida como prueba en este juicio, sin embargo, el fiscal la incluyó en el alegato final”. Fue el primer elemento señalado como causal de la denuncia que formulará.

Como segundo ejemplo se refirió a la supuesta reunión con Lázaro Báez en Río Gallegos en noviembre de 2015. Los fiscales hablaron que en esa época cuando le quedaban pocos días al gobierno de Cristina Kirchner, se puso en marcha lo que José López en un mensaje de whatsapp denominó "plan limpiar todo". Esas palabras fueron enviadas al presidente de Austral Construcciones, la firma insignia de Báez, la misma que ganó 51 licitaciones viales por $ 46.000 millones.

El tercer ejemplo, finalmente, se sustentó en la utilización de los mensajes del celular de José López, ex secretario de Obras Públicas de las tres gestiones kirchneristas. "El fiscal dijo que estuvo durante meses mirando las 9.000 fojas del teléfono, analizaron 26.000 llamadas y mencionaron cuatro que mostraban la familiaridad con Báez".

Por ese motivo reiteró, es que pedirá que se investiguen "estos hechos señalados por la fiscalía “donde queda demostrado que los fiscales mintieron en el alegato final de acusación". Horas después su abogado solicitó su absolución en este juicio por presunta corrupción. 

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