El fiscal federal Franco Picardi impulsó ayer la apertura de una investigación para determinar si desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se pergeñó un plan para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en distintas localidades de la Patagonia y beneficiar así a quienes tienen intereses económicos sobre esa zonas.
El fiscal imputó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su ex jefe de Gabinete Pablo Noceti; el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales Gonzalo Cané y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. Y requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba.
Tras conocerse la imputación, Bullrich publicó un mensaje en la red social Twitter en el que indicó: "Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con (Santiago) Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente".
"No habrá apriete que me pueda frenar", advirtió. Y difundió el requerimiento completo que hizo el fiscal Picardi.
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en junio por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que sostuvo que desde diciembre de 2015 se habría puesto en marcha un supuesto plan "con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios"
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