El reciente escándalo de extorsión que involucró a la Policía de San Vicente ha dado lugar a una serie de cambios en la cúpula policial del distrito. El comisario Walter Taborda, quien ocupaba el cargo de jefe de la departamental, fue desplazado tras la denuncia de extorsión que implicó a varios efectivos. En su lugar, el comisario Juan Pablo Barbieri asumirá como nuevo jefe. Barbieri proviene de la Superintendencia de Seguridad Regional del AMBA y trae consigo una vasta experiencia en el ámbito de la seguridad.
El caso que desencadenó estos cambios fue una denuncia que involucró a dos policías acusados de extorsionar a un comerciante local. Según la investigación, los efectivos amenazaron al comerciante con incriminarlo por delitos si no pagaba una suma considerable de dinero. Esta situación generó una crisis dentro de la fuerza, lo que llevó a la reestructuración inmediata de varios cargos clave.
Además de Barbieri, el comisario Cristian Monteros, quien llega desde La Matanza, ocupará el puesto de segundo jefe, reemplazando a Cristian Parma. En la Comisaría 1ra, Mauro Fermoselle, proveniente de Isidro Casanova, asumirá como subcomisario, mientras que Noelia Paz, quien viene de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Esteban Echeverría, se encargará de la Comisaría 2da en Alejandro Korn.
Este ajuste también involucra a otros efectivos que serán trasladados a nuevas funciones. El teniente Cristian Vidal será destinado a Lomas de Zamora, y el inspector José Luis Espínola Rotela se trasladará a la 7ma de Lomas de Zamora.
El cambio en la cúpula policial se produce en medio de una investigación judicial que reveló detalles sobre las extorsiones llevadas a cabo por los acusados, quienes formaban parte del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría y desempeñaban funciones como "jefes de calle". La denuncia, que fue recibida por la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, involucró amenazas de incriminación a la víctima en su comercio, ubicado en 9 de Julio y Almirante Brown, así como en las afueras de un barrio privado local.
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los controles internos dentro de las fuerzas de seguridad, en un contexto de creciente preocupación por la integridad de los funcionarios encargados de velar por la seguridad de la comunidad.
