El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó levantar la clausura de las ferias que funcionan en el predio de La Salada y dispuso una serie de medidas para permitir su reapertura bajo estrictas condiciones.
La decisión se tomó luego del pedido de los feriantes y de que la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación por evasión impositiva, lavado de dinero y asociación ilícita, se pronunciara a favor del levantamiento parcial de la medida. Aunque aún no hay una fecha confirmada, se espera que la feria vuelva a abrir este fin de semana.
La resolución abarca a las tres ferias principales del predio: Urkupiña, Ocean y Punta Mogote, y busca “garantizar el desarrollo comercial y laboral lícito”, según consta en el fallo.
Como parte de las condiciones impuestas, la Justicia ordenó la intervención de un veedor judicial y representantes de la Municipalidad, ARCA (ex AFIP), el Ministerio de Trabajo, la Provincia y el Banco Provincia. Además, se exigirá la bancarización total de las operaciones y el control fiscal de cada puesto.
Las ferias tendrán 90 días para normalizar su situación fiscal y contable: deberán registrar inquilinos, realizar inventarios, analizar pasivos, presentar informes mensuales de ingresos y egresos, y reemplazar su administración actual por una nueva.
Además, se prohíbe realizar cualquier movimiento sobre los activos de las empresas involucradas: Punta Mogote S.C.A., Urkupiña S.A., Cooperativa Ocean y Megapolo La Salada.
La feria La Salada, considerada la más grande de Latinoamérica, volvió a quedar en el centro de la escena judicial por las investigaciones que la vinculan con maniobras millonarias de evasión fiscal y comercialización de productos falsificados. Según estimaciones judiciales, más de 50 mil personas dependen directa o indirectamente de la actividad de las ferias.
En el expediente figuran acusados Jorge Castillo, Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera —este último aún prófugo— por supuestas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación federal permitió secuestrar 26 vehículos, dos embarcaciones y 13 propiedades, seis de ellas a nombre de testaferros de Antequera.
