Pese a que hace un año la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la Justicia aún no logró avanzar con el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos dispuesto en la sentencia.
La ejecución de esos activos permanece trabada por una serie de recursos presentados por la defensa de la expresidenta ante el Tribunal Oral Federal 2, la Cámara Federal de Casación Penal y, nuevamente, la Corte Suprema.
La discusión gira en torno a 111 bienes identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para ser tasados y eventualmente rematados con el objetivo de cubrir, al menos en parte, el monto fijado en el decomiso. Otro grupo de activos continúa bajo análisis en el tribunal oral.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner y dejó firme la ejecución de los bienes que también involucra a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Sin embargo, la exmandataria recurrió otra vez a la Corte Suprema mediante un recurso directo.
La condena por la causa Vialidad incluyó, además de la pena de prisión, el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, suma por la que deben responder de manera solidaria todos los condenados. Según surge del expediente, los activos más relevantes corresponden a Cristina Kirchner y sus hijos.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los planteos de las defensas. En su voto, Hornos sostuvo que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y remarcó que el decomiso busca evitar que los hechos ilícitos produzcan beneficios económicos permanentes.
Por su parte, Barroetaveña consideró que los argumentos de las defensas expresaban desacuerdos con resoluciones ya adoptadas y que no planteaban una cuestión federal que justificara la intervención del máximo tribunal.
Tras la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Corte Suprema para consultar si alguno de los 111 inmuebles alcanzados por la ejecución podría ser destinado al uso de la propia Corte o del Consejo de la Magistratura.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de ejecutar la sentencia, solicitó que se determine si alguno de esos bienes “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
