Berni contra el Gobierno por derogar el decreto que expulsaba extranjeros que cometían delitos

El Ministro de Seguridad aseguró que “fue de los primeros” en impulsar la medida. La normativa de Mauricio Macri quedó sin efecto desde el 5 de marzo.

El funcionario dijo que no estaba de acuerdo con la decisión oficial de derogar los cambios, sobre el decreto establecido por el gobierno anterior que apuntaba a la expulsión de quien tuviese antecedentes penales. Estableciendo una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilegales.

“Creo que la política de migraciones es potestad nuestra y define qué tipo de país queremos”, confesó Berni. “Es una decisión con la que no estoy de acuerdo. Si queremos que las cosas cambien no podemos ir por este camino”, remarcó.

"Esto no tiene nada que ver con una cuestión de racismo. No me corran con el discurso del racismo o de inmigrantes porque esas son realidades de otros países”, dijo el funcionario y destacó que "si hubo algo que realmente funcionó" durante el gobierno de Macri "fue la expulsión rápida de aquellos extranjeros que delinquían".

El Ministro relacionó la situación con la inseguridad. “Me parece que a los argentinos nos interesa vivir en una sociedad en paz. Yo creo que la seguridad no tiene ideología. Mi idea no es confrontar sino aportar”, aclaró.

"Siento que que todos los días se nos hace mucho más difícil generarle mejor seguridad a los bonaerenses”, consideró.

Se mostró de acuerdo con los cambios en la política migratoria que se concretaron durante la administración del expresidente Mauricio Macri: “Soy de las personas que creen que las cosas buenas hay que mantenerlas y potenciarlas”, confesó.

La gestión de Juntos por el Cambio sostenía que habían detectado un incremento de las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Por ese motivo puso en marcha una serie de cambios en la política migratoria y en el período 2016-2019 se expulsaron a 3000 extranjeros.

Con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno, el Centro de Estudios Legales y Sociales; Amnistía Internacional y otras organizaciones le solicitaron al Presidente derogar la medida.

Antes de la modificación de Macri, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. El decreto de Cambiemos amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo restaba un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.