El funcionario comunal brindó detalles de cómo se gestó la iniciativa y los planes de compactación de rodados se llevan adelante
Hay una frase que se torna común cuando una persona pasa por el frente de una comisaría u otra dependencia policial, especialmente los destacamentos de Seguridad Vial: ¿Qué cantidad de autos chocados y secuestrados que hay? ¿Por qué no los llevan a algún lado? ¡Qué imagen horrible que da!
Eso, desde hace casi un año y medio ya no ocurre en la localidad bonaerense de Brandsen, donde las autoridades municipales decidieron dar por terminada con esta problemática que, incluso, en alguna oportunidad formó parte de un debate de los ediles del Concejo Deliberante local.
Desde octubre de 2019, dicho partido cuenta con su depósito judicial ubicado en un predio lindero a la planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), lugar al se trasladan todos vehículos incautados por causas penales o infracciones de tránsito.
Para dar detalles de la iniciativa, el secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de la municipalidad de Brandsen, Marcelo Castillo, contó cómo surgió la idea de instalar este lugar, sobre su funcionamiento y el destino final de los rodados que son llevados hasta allí:
“La problemática de los vehículos secuestrados por el trabajo policial no es nueva y la padecí cuando cumplí mis labores como jefe de la fuerza acá. Por eso, en 2005 delineamos con el intendente de aquel entonces, Carlos García, una alternativa, que fue llevarlos al Puesto de Vigilancia de Altamirano, donde se adecuó el predio para alojar todos los automotores. Ésa fue una primera solución. Pero con el paso de los años y también como consecuencia de la falta de gestiones para ir minimizando el impacto que causan los vehículos (tanto en el plano de lo visual como en lo sanitario) se llegó a una acumulación que se hizo insostenible" contó
"Cuando comenzó la primera gestión del intendente Daniel Cappelletti, las dársenas del frente de la comisaría y la plaza sobre calle San Martín estaban llenas de vehículos. Entonces, a principios de 2017 aprovechamos que fuimos beneficiados con el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad que otorgó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires -y dentro del Plan Integral de Seguridad del distrito- se decidió la construcción del depósito judicial. A partir de eso empezamos a pensar qué lugares podrían ser potables para poder llevar adelante este emprendimiento en el marco de lo que establece el COUT (Código de Ordenamiento Urbano Territorial) y se resolvió por una parcela de terreno de la planta de RSU" agregó el funcionario
El predio tiene una extensión de 3 mil metros cuadrados, al que se le adecuó el suelo con tosca, con una membrana interior para protegerlo. También cuenta con un edificio donde se depositan las baterías de los rodados (para que no contaminen) y los elementos secuestrados por los efectivos policiales en distintos procedimientos. Esto último se hizo para descomprimir la parte administrativa y funcional de la comisaría, que también estaba desbordada.
El mismo está delimitado por un paredón, con alambre de púa en la parte superior. Tiene personal policial que lo custodia durante las 24 horas, al que se le preparó un espacio con oficina, baños y todas las comodidades necesarias para permanecer allí. También se montó un sistema de cámaras de monitoreo con circuito cerrado para tener un control permanente de todo el predio.
Consultado sobre la posibilidad de que el predio colapse, Castillo lo descartó: "se está llevando a cabo un plan de compactación fuerte que comenzó previo a la inauguración del depósito. Eso permitió minimizar en casi un 100 por ciento la cantidad de vehículos que estaban alojados en Altamirano. Luego, también se compactaron muchos vehículos del depósito".
Al igual que como sucede en otros municipios, el funcionario contó buscan que algunos vehículos puedan ser reacondicionados y ponerlos en funcionamiento dentro de la fuerza: "se iniciaron varios expedientes para próximas compactaciones de vehículos, que se llevarán a cabo dentro de unos meses, proceso dentro del que algunas motos podrían ser afectadas para su uso, previo relevamiento de sus condiciones. En este caso entran sólo los vehículos que están secuestrados en el marco de infracciones de tránsito y no los judicializados (adulterados, incautados por accidentes u otras causas)" aclaró
Respecto al tiempo de espera para compactar un vehículo, concluyó: "según la ley provincial 14.547, en el caso de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito, pasados los seis meses de alojados en el depósito, si no resuelve su situación, la autoridad de aplicación -en este caso la municipal- puede disponer la afectación o la compactación. Igualmente lleva un proceso, con diversos trámites en el medio, que finaliza con la notificación del titular del rodado"
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