Una oficial de la policía bonaerense fue condenada este miércoles a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por la denominada “Masacre de Quilmes”, en la que murieron en octubre de 2004 cuatro adolescentes tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados y por la que también ya fueron juzgados otros diez policías, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Elda Marina Guaquinchay Bogado, quien seguirá en libertad hasta tanto el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Quilmes por el delito de “omisión de denuncia de torturas” quede firme.
El fiscal Claudio Pelayo había pedido en su alegato la pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras que la defensa de Guaquinchay Bogado había solicitado a los jueces la absolución.
El veredicto iba a conocerse ayer, pero el feriado anunciado por el Gobierno obligó al TOC N° 5 a postergar la audiencia para este miércoles.
La semana pasada, en el inicio del juicio, la imputada había aceptado declarar. En una situación de angustia, y con lágrimas cayendo de sus ojos, Guaquinchay Bogado recordó los hechos. De esta manera, ante los jueces y el fiscal Pelayo, dijo que cuando ocurrió la “Masacre de Quilmes” ella estaba embarazada, tenía contracciones y no tuvo responsabilidad.
La mujer policía había sido señalada por los investigadores como una de las oficiales que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y que no hizo nada para evitar las torturas y la muerte de las víctimas, lo que ahora dio por acreditado el fiscal.
Algunos testigos la habían ubicado en el cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas. Uno de ellos, llamado Jonathan Aguirre, estuvo presente en el debate. Se trata de uno de los sobrevivientes del hecho, quien afirmó recordar a la oficial en el cordón policial, pero que no la vio hacer nada para “salvar a las víctimas” ni “impedir la situación”, según informó Télam.
El trágico hecho es recordado como uno de los casos que resonaron de la violencia institucional.
El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quiénes, según la investigación judicial, golpearon y sometieron a torturas.
En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.
