El Gobierno confirmó que apelará la decisión del juez electoral Alejo Ramos Padilla, que rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli quede como primer candidato a diputado nacional en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció a su postulación.
El fallo determinó que, por la Ley de Paridad de Género, la primera en la lista debe ser Karen Reichardt, quien ocupaba el segundo lugar. Desde la Casa Rosada adelantaron que presentarán la apelación ante la Cámara Nacional Electoral, con la intención de revertir el criterio judicial y mantener a Santilli en la cabeza de la boleta.
En el Gobierno sostienen que el objetivo principal es lograr el “corrimiento formal” en el orden de los candidatos, aunque reconocen que las boletas ya fueron impresas y distribuidas en la provincia de Buenos Aires. “Apelaremos”, confirmaron desde la mesa chica de Javier Milei, aunque admitieron que los plazos logísticos impiden reimprimir las papeletas antes de las elecciones.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, envió un informe al juzgado electoral en el que estimó el costo de reimprimir todas las boletas: $12.169 millones, según datos del Correo Argentino y las imprentas habilitadas. De todos modos, aclaró que el Ministerio cuenta con presupuesto disponible y que el proceso de reimpresión llevaría al menos cinco días por cada lote de 3,3 millones de unidades.
Mientras tanto, en el entorno presidencial hay posiciones encontradas. Algunas fuentes aseguran que no se evalúa pedir la renuncia de Reichardt, aunque otras admiten que “su desplazamiento no está descartado”. Desde los sectores que responden al presidente Milei, advierten que reemplazarla generaría “más desorden que solución”, dado que no habría tiempo ni justificación legal para modificar la lista.
Javier Milei ya se involucró directamente en la campaña bonaerense y se mostró junto a Santilli en Mar del Plata, dejando en claro que el exvicejefe porteño será su principal figura en territorio provincial, aunque no aparezca en la boleta que se usará el 26 de octubre.
El fallo de Ramos Padilla, basado en un dictamen previo de la fiscal María Laura Roteta, remarcó que la Ley de Paridad de Género no puede aplicarse en perjuicio de las mujeres. La resolución consideró inconstitucional el artículo 7 del Decreto 171/2019, que habilitaba reemplazos por género, y determinó que el corrimiento debía respetar el orden original de la lista.
El magistrado subrayó que el Congreso aún mantiene una representación desigual, de los 257 diputados, solo el 42,8% son mujeres, y apenas 3 de cada 10 listas están encabezadas por una candidata. Por eso, sostuvo que permitir un cambio que deje afuera a Reichardt implicaría “una regresión en materia de derechos políticos y de igualdad de género”.
La apelación del Gobierno ante la Cámara Nacional Electoral buscará revertir el fallo, aunque en el entorno libertario admiten que el margen de acción es limitado.
