El PRO propone que extranjeros y no residentes paguen por la salud y la educación municipal en La Plata

El debate por el financiamiento de los servicios públicos sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Mientras la Legislatura bonaerense analiza un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente paguen la atención sanitaria programada y las carreras universitarias provinciales, ahora el Concejo Deliberante de La Plata comenzó a discutir una iniciativa que propone arancelar distintos servicios municipales para extranjeros y también para argentinos que no acrediten residencia efectiva en la capital bonaerense.

La propuesta fue presentada por el concejal del PRO Nicolás Morzone y crea un Régimen Municipal de Recupero de Costos y Arancelamiento de Prestaciones Municipales, que habilitaría al Departamento Ejecutivo a cobrar por servicios de salud —con excepción de las emergencias—, actividades educativas no obligatorias, deportivas, culturales, recreativas, turísticas y otras prestaciones financiadas íntegramente con recursos del Municipio. También contempla una excepción para ciudadanos de países que mantengan tratados de reciprocidad con la Argentina.

Según el proyecto, el objetivo es que quienes no viven ni tributan en La Plata contribuyan al sostenimiento de los servicios municipales que utilizan. "Esta ordenanza pone a los vecinos de La Plata primero; ellos tienen que ser la única prioridad en cualquier servicio público. Es un acto de justicia fiscal", sostuvo Morzone al presentar la iniciativa.

La ordenanza establece que la Secretaría de Hacienda y Finanzas deberá implementar los mecanismos administrativos para recuperar esos costos y elaborar un informe semestral con la cantidad de prestaciones brindadas, el costo estimado y el monto recuperado. Además, determina que todo lo recaudado se destine exclusivamente al fortalecimiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de los jardines maternales y de infantes municipales.

En sus fundamentos, el texto aclara que no busca restringir derechos ni discriminar por nacionalidad, sino establecer un criterio basado en la residencia efectiva y en el aporte al sistema tributario local. También deja expresamente excluidas del cobro todas las prestaciones de emergencia y aquellas vinculadas a la protección de la vida y la integridad física de las personas.

La iniciativa aparece pocos días después de que legisladores de La Libertad Avanza y el PRO presentaran en la Legislatura bonaerense un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente paguen la atención médica programada en hospitales provinciales y las carreras de grado en universidades de gestión estatal. Ambas propuestas profundizan un debate que divide a la dirigencia política sobre el financiamiento de los servicios públicos y el alcance de la gratuidad para quienes no residen en la provincia.