Un estremecedor caso de presunto maltrato a adultos mayores conmociona a Mar del Plata. Las cámaras de seguridad de la residencia geriátrica "David", registraron a un enfermero mientras golpeaba, insultaba y humillaba a personas de edad avanzada que se encontraban bajo su cuidado. Las imágenes provocaron un fuerte repudio social y derivaron en una investigación judicial que ya tiene un pedido de detención para el acusado.
Según la denuncia, los videos muestran distintos episodios en los que agrede física y verbalmente a adultos mayores, varios de ellos en silla de ruedas y en una evidente situación de vulnerabilidad.
En una de las secuencias se observa cómo toma con violencia a una mujer para acostarla en una cama. En otra, mientras alimenta a otra residente, la insulta y la golpea. Uno de los registros de audio revela una frase que generó indignación: "¿Por qué no te morís, vieja hija de puta?", le dice a una de las víctimas antes de arrojarla bruscamente sobre la cama.
La denuncia fue presentada por familiares de los residentes, quienes comenzaron a sospechar de la existencia de malos tratos al advertir lesiones y cambios de comportamiento en los adultos mayores. Tras acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad, acudieron de inmediato a la Justicia y aportaron el material como prueba para impulsar la investigación.
Con la causa ya en marcha, la Justicia ordenó la detención del enfermero. Sin embargo, al conocer la denuncia, el acusado abandonó su lugar de trabajo y hasta el momento permanece prófugo, por lo que la Policía Bonaerense realiza un operativo para localizarlo.
Además de determinar la responsabilidad penal del enfermero, los investigadores buscan establecer si existieron fallas en los mecanismos de control y supervisión dentro del geriátrico. También analizan si hubo otros episodios de violencia contra residentes y si las autoridades del establecimiento conocían la situación o debieron haberla detectado.
Tras la difusión de los videos, varias familias decidieron retirar a sus seres queridos de la residencia por temor a nuevos hechos de violencia. En paralelo, las autoridades evalúan posibles sanciones administrativas sobre el establecimiento, mientras avanza la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido y determinar todas las responsabilidades.
