Polémica por el cambio de boletas tras la renuncia de Espert: “Quieren tirar $15.000 millones”

Tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), legisladores provinciales expresaron su rechazo a la posibilidad de volver a imprimir las boletas únicas de papel (BUP), y reclamaron que la Justicia Electoral no habilite la solicitud presentada por los apoderados del espacio.

La salida de Espert se produjo en medio del escándalo por sus vínculos con el empresario narco Antonio “Fred” Machado. Ahora, el oficialismo libertario busca reemplazar al economista con el diputado nacional del PRO, Diego Santilli, quien pretende figurar en las papeletas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. No obstante, la impresión original ya fue realizada con la imagen de “El Profe” al frente de la lista.

Pese a que los tiempos del cronograma electoral son ajustados, los abogados de LLA —Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba— elevaron un pedido formal a la Justicia Electoral para efectuar el reemplazo, lo que implicaría volver a imprimir las boletas en la provincia.

Desde Unión por la Patria (UxP), la diputada Lucía Iañez criticó duramente el pedido y, a través de sus redes sociales, ironizó: “Tiraron USD 1000 millones en una semana para sostener el dólar, ahora quieren tirar $15 mil millones en boletas. Acá está la plata que teóricamente NO había. Tirada”.

En la misma línea, Ayelén Rasquetti replicó una publicación de la dirigente del Frente Renovador, Cecilia Moreau, que cuestionaba: “¿Cómo es esto? ¿No hay plata para aplicar el Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica que sancionó el Congreso por amplia mayoría, pero sí para volver a imprimir millones de boletas? $15.000 millones nos va a costar a todos los argentinos que LLA se saque de encima a su narco-candidato”.

El diputado Germán Di Cesare también se sumó a los cuestionamientos: “A los más vulnerables nada, para deshacerse del candidato narco se gastan 15000 millones de pesos nuevamente”, escribió al compartir una publicación de Jimena López, presidenta del Consorcio de Quequén, quien advirtió que ese monto equivale a 20 mil tratamientos anuales para personas con discapacidad.

Desde el mismo espacio, Fabián Luayza solicitó que la Justicia rechace la reimpresión: “Si no hay plata para los jubilados, para el Hospital Garraghan o las universidades, mucho menos puede haberla para tener que gastar una fortuna desde el Estado por una situación particular de un partido político”, afirmó. Y agregó: “Responsabilidad y prudencia por favor”.

También se expresó Belén Malaisi, legisladora de la UCR + Cambio Federal, quien sostuvo que “la incoherencia de este Gobierno la paga el pueblo una vez más”, al referirse al costo estimado de $15 mil millones que tendría reemplazar las boletas de LLA. “El presidente reiteró que no hay plata para aplicar el financiamiento y la emergencia pediátrica, memora el 26/10”, concluyó.

La decisión, sin embargo, recae en el Juzgado Electoral a cargo de Alejo Ramos Padilla. Aunque el artículo 63 del Código Nacional Electoral establece que las impugnaciones deben realizarse con al menos 60 días de antelación al acto eleccionario, lo que podría jugar en contra del pedido libertario.

En cuanto a la impresión original, las boletas fueron producidas por dos imprentas: Boldt y Artes Gráficas del Litoral, que se adjudicaron la licitación a nivel nacional por un monto total cercano a los $40.000 millones. Para la provincia de Buenos Aires, la reimpresión tendría un costo estimado de $15.000 millones.

Del total, el 40% fue impreso por Boldt en conjunto con el Instituto de Publicaciones y Estadísticas, y el 60% restante por Artes Gráficas del Litoral. Las contrataciones fueron gestionadas por el Correo Argentino.

“No hay tiempo para otra licitación, otra impresión y reemplazo de boletas. Porque además hay plazos legales que cumplir. Las boletas fueron sometidas a una audiencia pública con todos los partidos políticos, sujetas a impugnaciones, tuvieron cambios y una vez cerrado este proceso se está en etapa de revisión manual antes de que comience el operativo de distribución a toda la provincia”, informaron desde el juzgado federal.