La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Conmebol contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, a quienes acusó de presuntas violaciones al Código de Ética y a las normas anticorrupción del organismo sudamericano.
A través de un posteo en la red social X, Bullrich sostuvo que la Conmebol debe “investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, y advirtió que los hechos denunciados comprometen seriamente los principios de integridad, transparencia y buena gobernanza que deben regir a las federaciones miembro.
La presentación de la legisladora se da en un contexto de creciente presión judicial y mediática sobre la conducción del fútbol argentino, a partir de las ramificaciones de la causa que investiga a la empresa Sur Finanzas, firma vinculada a Tapia y señalada en una pesquisa federal por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.
En su denuncia, Bullrich detalla una serie de hechos que, según sostiene, configuran posibles irregularidades graves. Entre ellos menciona presuntos conflictos de intereses entre la AFA y empresas contratistas del organismo, contrataciones directas sin la debida transparencia, y un incremento patrimonial abrupto e incompatible de sociedades vinculadas al entorno dirigencial.
Uno de los ejes centrales del escrito apunta a la sociedad Real Central S.R.L., que habría sido utilizada como estructura interpuesta para la adquisición y administración de bienes de altísimo valor, incluyendo una estancia de más de 10 hectáreas en Pilar con helipuerto, haras y una importante flota de vehículos de lujo. Según la denuncia, dicha firma estaría formalmente integrada por personas sin capacidad económica acorde al patrimonio declarado.
Bullrich también hace referencia a la contratación directa de la empresa Malte S.R.L. por parte de la AFA para obras vinculadas al sistema VAR, por un monto cercano a los 550 mil dólares, señalando vínculos societarios y personales entre esa firma y dirigentes de la casa madre del fútbol argentino.
Además de la causa vinculada a Sur Finanzas —que incluyó allanamientos en la AFA y en distintos clubes—, la senadora remarcó que existen observaciones administrativas de la Inspección General de Justicia (IGJ), con ocho años de balances sin aprobar y más de 111 millones de dólares en partidas contables sin justificación adecuada.
A esto se suman denuncias de la Dirección General Impositiva por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones, por un monto que superaría los siete mil millones de pesos.
Bullrich sostiene que, más allá de las causas judiciales abiertas en la Argentina, la Conmebol tiene competencia plena para investigar y eventualmente sancionar a los dirigentes denunciados, ya que los hechos afectarían directamente la integridad, la credibilidad y la reputación del fútbol sudamericano.
Finalmente, dejó asentado que la denuncia podrá ser ampliada en caso de que surjan nuevos elementos probatorios o avances relevantes en las investigaciones judiciales y administrativas en curso.
