El Gobierno nacional avanzó formalmente con el proceso de privatización de Tecnópolis y este lunes lanzó la licitación para concesionar el histórico predio ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López. La medida apunta a poner fin al financiamiento estatal de un espacio que, según el Ejecutivo, acumuló pérdidas millonarias durante años.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que el parque “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos” y remarcó que pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada, manteniendo su uso público.
Desde la Oficina del Presidente explicaron que la decisión permitirá que el Estado deje de sostener uno de los activos “más deficitarios” heredados de la administración anterior, al tiempo que se garantizará el funcionamiento del predio mediante inversiones privadas y un plan de gestión integral.
De acuerdo a la información oficial, Tecnópolis presentaba una situación crítica, con gastos extraordinarios, bajo nivel de utilización y un marcado deterioro de su infraestructura. Además, se detalló que el parque acumulaba una deuda superior a los 4.813 millones de pesos, contaba con equipamiento faltante valuado en más de 554 millones —con una denuncia judicial en trámite— y requería un mantenimiento permanente financiado exclusivamente con fondos públicos.
La concesión será otorgada por un plazo de 25 años, con la posibilidad de una prórroga excepcional de 12 meses. Según lo establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el canon mensual inicial será de 611 millones de pesos, a lo que se sumará la contratación obligatoria de un seguro contra incendios por 60.000 millones de pesos. Está previsto que el concesionario privado asuma el control del predio a partir del 1 de julio de 2026.
Desde el Gobierno aclararon que el espacio deberá conservar su perfil recreativo, cultural y educativo. El pliego de la licitación contempla actividades culturales, talleres, propuestas educativas, deportes no competitivos, integración comunitaria y opciones de esparcimiento, incorporando inversión privada para asegurar su funcionamiento durante todo el año.
“Con esta medida, el Gobierno consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y promueve la inversión privada para mejorar la oferta recreativa y cultural, garantizando al mismo tiempo la preservación y el uso público del predio”, concluyeron desde Casa Rosada.
