La política platense vuelve a quedar en el ojo de la tormenta tras los allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la causa por fraude y designaciones irregulares que involucra a exfuncionarios de la gestión de Julio Garro de Juntos por el Cambio. La investigación, que recuerda el escándalo de “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense, apunta a un esquema de “ñoquis” y contratos fantasma que habría drenado fondos públicos.
Entre los principales señalados aparece Oscar Negrelli, exsecretario de Coordinación y figura clave de la gestión de Garro. Según la causa, Negrelli habría incorporado a numerosos empleados sin funciones reales, muchos de ellos familiares y allegados, para luego quedarse con parte de sus salarios en un esquema de retornos. Durante su paso por el municipio, la planta de empleados se disparó hasta superar los 12 mil, incluyendo casos de personas que nunca se presentaron a trabajar.
El expediente judicial también pone bajo la lupa a Mariano Baruki Pérez Aramburu, exdirector de Personal y Capital de la Municipalidad. Investigado como uno de los operadores del esquema, habría permitido la designación de empleados que continuaron cobrando salarios aun después de dejar sus funciones, una práctica que habría generado un desfalco millonario a las arcas municipales.
Otro de los nombres que aparece en la causa es el de Néstor Omar Pulichino, exsecretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia. Aunque no era del círculo más cercano de Garro, su trayectoria política incluyó varios cambios de partido y vínculos estratégicos que lo llevaron a ocupar un lugar clave en la gestión local. Durante su paso por el municipio, Pulichino también habría permitido contrataciones irregulares, incluyendo la de asesores que siguieron cobrando sueldos meses después de renunciar.
La investigación detalla que varios de estos funcionarios habrían utilizado sus posiciones para consolidar redes de influencia y beneficios personales, incluyendo la adquisición de propiedades de alto valor y maniobras de lavado de activos, aprovechando su cercanía con el poder político platense.
Los allanamientos, realizados en 13 domicilios, forman parte de una causa que busca esclarecer cómo este esquema de corrupción se consolidó durante las dos gestiones de Garro, afectando directamente los fondos públicos de La Plata. La Justicia ahora busca avanzar sobre los responsables para desarticular esta red que se extendió a lo largo de los últimos años.
