La Justicia de Lomas de Zamora ordenó la clausura inmediata y el desalojo de un geriátrico clandestino que funcionaba de manera ilegal en el partido de Ezeiza, donde diez adultos mayores permanecían alojados en condiciones alarmantes de abandono, sin controles médicos, sin habilitación y expuestos a situaciones de maltrato.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia N.º 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez suplente Omar Armando Velázquez, luego de una inspección que confirmó graves irregularidades en el establecimiento conocido como “La Casita de Cloe”, ubicado sobre la calle Virgen de Itatí al 1350.
La intervención se produjo tras una investigación impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la provincia de Buenos Aires. El caso llegó a manos de los investigadores a partir de reiteradas denuncias realizadas por familiares de una de las personas alojadas en el lugar.
Durante la inspección, los equipos técnicos detectaron que el supuesto hogar para adultos mayores carecía de habilitación municipal, sanitaria y comercial. Además, comprobaron que no existían historias clínicas de los residentes ni controles médicos regulares que permitieran garantizar un seguimiento adecuado de su estado de salud.
La situación más preocupante surgió al constatar las condiciones de vida de los diez adultos mayores que permanecían internados. Según consta en las actuaciones judiciales, los residentes recibían una alimentación deficiente, en algunos casos elaborada con productos en mal estado de conservación, no contaban con actividades recreativas ni espacios adecuados para su bienestar y eran víctimas de malos tratos y violencia verbal de manera frecuente.
Las autoridades también identificaron severas falencias en la atención sanitaria. La propietaria del inmueble, María Torres, reconoció que era la única persona encargada del funcionamiento diario del lugar y que administraba medicamentos, realizaba cambios de pañales, preparaba alimentos y supervisaba cuestiones vinculadas a la salud de los residentes sin contar con formación profesional ni supervisión médica.
Frente a este escenario, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo correctivo para resguardar la integridad de los adultos mayores. A partir de esa acción judicial, el magistrado ordenó el traslado urgente de los diez residentes al Hospital Interzonal Doctor Alberto Eurnekian de Ezeiza, donde fueron sometidos a evaluaciones médicas integrales para determinar su estado de salud y definir los tratamientos correspondientes.
Posteriormente, personal de la Secretaría de Ingresos Públicos y Desarrollo Industrial del Municipio de Ezeiza procedió a la clausura formal del inmueble por infracciones graves y por representar un riesgo para la integridad física de las personas alojadas.
El caso volvió a poner en agenda la problemática de los geriátricos clandestinos que funcionan en distintos puntos del conurbano bonaerense sin controles estatales adecuados. Desde la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron sobre la necesidad de reforzar las inspecciones y auditorías en estos espacios para evitar nuevas situaciones de vulneración de derechos hacia las personas mayores.
Mientras avanza la investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales, los diez adultos mayores ya fueron retirados del lugar y reciben asistencia profesional bajo supervisión médica.
