El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por presunto abuso de autoridad e injerencia en el Poder Judicial, luego de declarar públicamente que fue él quien tomó la decisión de enviar a prisión a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
Durante una entrevista emitida por el canal LN+, el jefe de Estado expresó: “Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, al referirse a la condena contra la exvicepresidenta en la causa conocida como “Vialidad”.
A raíz de esas declaraciones, se presentaron dos denuncias ante la justicia federal. Una de ellas fue formulada por el abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó la citación a declaración indagatoria de Milei por considerar que sus dichos representan una intromisión directa en otro poder del Estado.
La segunda denuncia fue presentada por la abogada Valeria Carreras. Ambas quedaron radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py.
Los denunciantes sostienen que las expresiones del mandatario configuran “un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial”.
Dalbón, quien representa a Cristina Kirchner en algunas causas civiles, afirmó que lo expresado por el Presidente respalda la tesis del lawfare y pone en duda la imparcialidad del proceso que culminó con la condena ratificada por la Corte Suprema. “Los dichos del presidente Javier Milei -al proclamar que tomó la decisión de que CFK vaya presa- no hacen más que reforzar ese cuadro de imparcialidad planteado en los aludidos actuados. Esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político, legitimando la idea de que los jueces actuaron ya condicionados por decisiones previas del Ejecutivo”, sostuvo el letrado en la denuncia.
En tanto, Carreras argumentó en su presentación que la afirmación de Milei “deja expuesta explícitamente, la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. Y agregó: “Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quién meter preso, proscribir, por encima de la división de poderes, y las garantías de debido proceso entre otras de los ciudadanos”.
Ambas denuncias están basadas en el delito de “abuso de autoridad”, previsto en el artículo 248 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a veinticuatro meses e inhabilitación especial por el doble de tiempo para el funcionario público que “ilegalmente arrogare atribuciones que no le competen, o ejerciere las propias en forma abusiva”.
