Legisladores del bloque Encuentro Federal, encabezados por el diputado Oscar Agost Carreño, presentaron este lunes una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusándolo de no cumplir con la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente tras el rechazo del Congreso al veto presidencial.
La iniciativa podría derivar en la remoción de Francos, de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita esta posibilidad mediante el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras legislativas. Según los impulsores, se trata de un objetivo alcanzable si logran fundamentar las acusaciones con el respaldo necesario.
“El Gobierno rompió el estado de derecho”, afirmó Agost Carreño a través de su cuenta en la red social X, al cuestionar la decisión del Ejecutivo de suspender la aplicación de la ley 27.793, ya ratificada por el Congreso.
El pedido de interpelación y posterior moción de censura cuenta con el respaldo de otros diputados del espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, entre ellos Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.
Entre los señalamientos dirigidos a Francos figuran no solo el incumplimiento de la ley y la falta de reasignación de partidas presupuestarias, sino también la emisión de decretos que califican como “nulos e inconstitucionales” y una presunta “violación a la división de poderes”.
“La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, remarcó Agost Carreño en su pronunciamiento.
Ese mismo lunes, el Gobierno oficializó la promulgación de la norma, pero a través del Decreto 681/25 suspendió sus efectos alegando falta de financiamiento, y condicionó su ejecución a que se incluyan las partidas necesarias en el Presupuesto 2026.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también criticó al Ejecutivo por esta decisión. “Con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta”, señaló, y argumentó que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”.
“No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, agregó Ferraro. Y concluyó: “La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”.
