El Gobierno nacional resolvió avanzar con la implementación de tecnología para detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de las cárceles federales, con el objetivo de impedir que se sigan organizando delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La medida fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial, que habilita al Servicio Penitenciario Federal a instalar sistemas capaces de identificar dispositivos móviles activos y anular su funcionamiento de manera selectiva.
El uso ilegal de celulares en cárceles es una problemática persistente. En los últimos años, distintas investigaciones judiciales dejaron al descubierto maniobras delictivas coordinadas desde las prisiones, como estafas telefónicas, amenazas y organización de robos. En algunos casos, incluso, se detectaron verdaderos “call centers” operados por internos.
Uno de los episodios más resonantes fue el de una banda que operaba desde una unidad penitenciaria y logró estafar a funcionarios judiciales mediante engaños telefónicos, lo que volvió a poner el foco en las fallas de control dentro del sistema.
A diferencia de los antiguos inhibidores de señal, que bloqueaban la comunicación en amplias zonas y generaban inconvenientes en áreas cercanas, el nuevo sistema apunta a una intervención más precisa: detectar cada dispositivo dentro del penal y bloquearlo sin afectar el entorno.
La iniciativa se enmarca en la legislación vigente, que permite a las personas privadas de la libertad comunicarse con familiares y abogados por vías habilitadas, pero prohíbe el uso de teléfonos celulares.
Además, la resolución aprueba un protocolo específico para la detección y bloqueo de dispositivos mediante la identificación de códigos IMEI e IMSI, y establece que las áreas técnicas deberán encargarse de la compra, instalación y mantenimiento de los equipos.
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca reforzar la seguridad y limitar la capacidad de las organizaciones criminales de operar desde las cárceles, en un contexto donde los controles tradicionales no lograron erradicar el problema.
La implementación será progresiva y requerirá ajustes técnicos para garantizar su eficacia sin afectar las comunicaciones fuera de los establecimientos penitenciarios.
