El Ejecutivo nacional confirmó que sancionará formalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada recientemente por el Congreso tras anularse el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, aclaró que no entrará en vigencia hasta que se establezca claramente de dónde saldrán los recursos necesarios para su implementación.
Quien dio la palabra fue Guillermo Francos, jefe de Gabinete, tras la insistencia parlamentaria que rechazó el veto presidencial. Francos puntualizó que la promulgación ya es un hecho, pero que deberá dictarse un decreto reglamentario para fijar los mecanismos concretos de aplicación.
El punto más controvertido sigue siendo el financiamiento. El artículo 38 de la Ley Financiera exige que toda norma sancionada incluya el origen de los fondos que consumirá. Francos criticó a la oposición por no detallar estos recursos y planteó que los ajustes no pueden recaer sobre otros grupos vulnerables, por ejemplo los jubilados.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma podría generar un aumento en los beneficiarios que oscilaría entre 493.000 y 946.000 personas, con un costo fiscal que equivaldría entre 0,22 % y 0,42 % del PBI. Además, los gastos para compensaciones de emergencia a prestadores y talleres de producción se sitúan en varios cientos de miles de millones de pesos.
