El Gobierno habilitó una licitación para explorar petróleo en el Mar Argentino tras el pedido de una empresa británica

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa de exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino al autorizar el llamado a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración offshore en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, frente a la costa de la provincia de Buenos Aires. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 590/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El proceso se originó a partir de una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC, una firma de origen británico que solicitó explorar un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados en busca de petróleo y gas. Sin embargo, el decreto no le adjudica el área de manera directa: la legislación obliga a realizar una licitación internacional abierta para que otras compañías también puedan presentar ofertas.

Según el texto oficial, la Secretaría de Energía deberá elaborar los pliegos del concurso, establecer los requisitos técnicos y económicos y definir el cronograma para la adjudicación del permiso. El objetivo declarado por el Gobierno es determinar el potencial hidrocarburífero de una zona considerada estratégica dentro de la Plataforma Continental Argentina y ampliar las inversiones en exploración costa afuera.

La decisión representa el relanzamiento de la actividad offshore luego de varios años sin nuevas licitaciones de este tipo. El área CAN_200 se encuentra dentro de la Cuenca Argentina Norte, una región donde distintas campañas sísmicas realizadas en los últimos años despertaron expectativas sobre la existencia de importantes reservas de petróleo y gas, aunque todavía no existen desarrollos comerciales en ese bloque específico.

El anuncio no tardó en generar repercusiones políticas y ambientales. Organizaciones ambientalistas vienen cuestionando la expansión de la exploración offshore por los posibles efectos de las campañas sísmicas y de una eventual explotación sobre la biodiversidad marina, especialmente en áreas cercanas a la costa bonaerense.

Al mismo tiempo, sectores vinculados a la industria energética sostienen que el desarrollo offshore podría convertirse en una nueva fuente de inversiones, empleo y divisas para la Argentina, siguiendo el camino recorrido por países vecinos como Brasil y Guyana, donde la explotación en aguas profundas impulsó un fuerte crecimiento de la producción petrolera.

Uno de los aspectos que más controversia generó fue que la iniciativa que dio origen al expediente fue presentada por una empresa británica, en un contexto donde la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas continúa siendo uno de los principales ejes de la política exterior argentina.

No obstante, especialistas en derecho energético recuerdan que la legislación vigente establece que cualquier empresa, sin importar su nacionalidad, puede presentar una manifestación de interés para explorar áreas bajo jurisdicción argentina. La adjudicación, en caso de concretarse, deberá surgir de un concurso público internacional y no de una contratación directa.

En paralelo, el conflicto por la exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur mantiene otro frente abierto: los proyectos petroleros impulsados por empresas que operan bajo licencias otorgadas por el gobierno británico en las Islas Malvinas, una situación que Argentina rechaza desde hace años por considerar que vulnera sus derechos soberanos. Sin embargo, ese conflicto corresponde a expedientes distintos y no forma parte de la licitación del bloque CAN_200.

Con la publicación del decreto, el Gobierno dio el primer paso formal hacia una nueva licitación internacional que buscará atraer inversiones para explorar una de las áreas de mayor potencial hidrocarburífero del Mar Argentino. El resultado del proceso dependerá ahora de las empresas que decidan competir por el permiso y de las evaluaciones técnicas y económicas que realice la Secretaría de Energía.