El Gobierno impulsa la compra ilimitada de tierras por parte de extranjeros

El Senado de la Nación debate este jueves un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que propone modificar de manera profunda la Ley de Tierras Rurales, eliminando las restricciones que desde 2011 limitan la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. La iniciativa forma parte de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y es uno de los principales proyectos que el oficialismo busca convertir en ley.

La normativa vigente establece que las personas y sociedades extranjeras no pueden ser propietarias de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada municipio. Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo agrícola para cada titular extranjero.

Con la reforma, esos topes nacionales desaparecerían y la regulación quedaría principalmente en manos de las provincias, que podrían definir sus propias condiciones para la adquisición de tierras rurales. En el caso de inmuebles ubicados en zonas de frontera, el proyecto prevé un sistema de doble autorización que requerirá el aval tanto de la provincia como del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde el Gobierno defienden la iniciativa al considerar que la legislación actual desalienta la llegada de inversiones. En ese sentido, uno de los argumentos oficiales sostiene que la reforma permitirá que inversores extranjeros puedan acceder al mercado de tierras rurales sin las restricciones impuestas hace más de una década. La frase que resume esa postura fue: "Se les deja de cerrar la puerta en la cara".

La propuesta, sin embargo, generó un fuerte debate político. Mientras el oficialismo asegura que la flexibilización favorecerá el desarrollo productivo y el ingreso de capitales, sectores de la oposición, especialistas y organizaciones sociales advierten que eliminar los límites podría comprometer el control sobre recursos estratégicos como el agua, los bosques, los minerales y las tierras ubicadas en zonas sensibles del país.

El tratamiento de la iniciativa ya había sido postergado en varias oportunidades por falta de consensos, pero volvió al recinto del Senado como uno de los proyectos prioritarios del oficialismo para este período legislativo.