En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y protestas en las inmediaciones del Congreso, el oficialismo encabezado por La Libertad Avanza se encamina a aprobar la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado tras una votación ajustada, propone modificar el alcance de la normativa vigente para habilitar actividades productivas —principalmente mineras— en zonas periglaciares bajo ciertos criterios.
Con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, el oficialismo reunió los votos necesarios para avanzar con la aprobación del proyecto, en una sesión que se anticipaba tensa desde su inicio.
Durante el debate, la oposición intentó sin éxito frenar el tratamiento mediante distintas mociones de apartamiento del reglamento. Entre ellas, se buscó interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y citar a funcionarios del Ejecutivo por otros temas, pero ninguna logró la mayoría necesaria.
El proyecto genera una fuerte controversia política, ambiental y social. Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá impulsar inversiones estratégicas, especialmente en minería de litio y cobre, en línea con el objetivo de crecimiento económico del Gobierno.
En cambio, sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que se trata de una norma “regresiva” que reduce las áreas protegidas y pone en riesgo reservas clave de agua dulce. Argentina cuenta con miles de glaciares que abastecen a millones de personas y cumplen un rol central en el equilibrio ambiental.
Durante la sesión, legisladores opositores cuestionaron la constitucionalidad del proyecto y alertaron sobre una posible “balcanización” del sistema ambiental, al transferir mayores facultades a las provincias para definir zonas protegidas.
En paralelo, en las afueras del Congreso se registraron protestas de organizaciones ambientalistas que rechazan la reforma y denuncian que favorece intereses corporativos vinculados a la minería.
Con este escenario, todo indica que el oficialismo logrará convertir en ley una de las iniciativas clave de su agenda económica, en medio de un debate que promete continuar tanto en el ámbito político como en la Justicia.
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