En una nueva derrota para el oficialismo, el Senado dejó sin efecto el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la emergencia en discapacidad. De esta manera, el Poder Ejecutivo estará obligado a promulgar la norma.
La votación terminó con 63 votos a favor y 7 en contra, con el respaldo del interbloque peronista, la UCR, el PRO y bloques provinciales. Para sostener el veto, el Gobierno solo consiguió el apoyo de la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, y de Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse con la Casa Rosada.
No se producía un rechazo a un veto presidencial desde el 12 de marzo de 2003, durante la gestión de transición de Eduardo Duhalde, que había asumido tras la salida de Fernando de la Rúa en medio de la crisis del 2001.
La iniciativa aprobada por el Congreso y ahora ratificada establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla un año más. También prevé una actualización de las prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal del proyecto oscila entre 0,22% y 0,42% del PBI, en función de la cantidad de nuevas altas que se registren hasta 2026.
Uno de los puntos centrales de la ley fija que las 200 mil pensiones por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, quienes perciban este beneficio podrán trabajar siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
La norma también obliga a cancelar la deuda con los prestadores y a ajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, en base a los índices de inflación que publica el INDEC.
