El Gobierno nacional propondrá bajar la edad de imputabilidad a 15 años y que el proyecto de ley sea debatido en febrero en el Congreso. El Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas,
Ahora, desde el gobierno planean enviarlo al Congreso, para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.
El proyecto sobre el nuevo régimen penal juvenil tendrá una modificación al original que viene siendo impulsado desde el oficialismo: bajará de 16 a 15 años para los delitos más graves, en vez de a 14, como pedía el sector más duro.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era una de las que estaban a favor de que la edad de imputabilidad bajara a 14 años. Luego de una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, habría dejado de manifiesto su conformidad con que la edad quedara en 15, para que de esa manera finalmente la ley se aprobara y reemplazara a la 22.278, que data de 1980.
La iniciativa prevé un sistema de escalas de acuerdo con la edad del que comete el delito. O sea que a los 15 años los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves, como homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
En el caso de los mayores de 16 años y de los menores de 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años. Podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor que 10 años.
Germán Garavano, Ministro de Justica, y Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación.
Uno de los artículos del proyecto de ley que prepara Garavano plantea que, en todos los casos, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión que se les podrá imponer a adolescentes y se aclara que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
Además, se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima, explicaron fuentes oficiales.
