Hace un año su hija tomó la escuela y ahora la Ciudad le exige pagar $ 1,4 millones

La demanda de la Procuración porteña indica que es en resarcimiento por el pago de salarios y el costo de mantenimientos de los días sin clases en septiembre de 2022.

Una familia deberá pagarle 1,4 millones de pesos a la Ciudad porque su hija de 16 años tomó en septiembre de 2022 con sus compañeros, el Instituto Superior de Formación Artística Manuel Belgrano en Barracas.

La menor publicó en sus redes sociales la demanda que le llegó a su domicilio, cuyo remitente es el Gobierno de la Ciudad, en el que se indica: "Inicia demanda por daños y perjuicios".

"Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi 3 millones de pesos en forma de 'resarcimiento', porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeros del ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios", expresó la joven. 

La adolescente se mostró enojada por la situación y continuó: "Una vez más el Gobierno opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protestar contra un sistema que en vez de resguardarnos decide mirar para otro lado y esconderse... Que la gente se entere que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes".

Además, en su publicación explicó que durante la toma pintaron la fachada de la escuela, así cómo también los baños y aulas y limpiaron.

En la carta enviada por la Procuración porteña se señala que son 2,8 millones de pesos, pero se aclara que dicha demanda es para la familia de la joven que la hizo público y para otra que también participó del hecho.

Las tomas en los colegios comenzaron cuando el 24 de septiembre del año pasado los alumnos de la Escuela Mariano Acosta iniciaron con la protesta, luego siguieron otras instituciones.

Entre las justificaciones a este accionar eran tres: denunciaban falta de limpieza y la presencia de roedores, pedían mejoras edilicias y calidad en las viandas entregadas. 

Casi un mes después, Horacio Rodríguez Larreta confirmó que se denunció penalmente a 240 madres y padres de las escuelas porteñas que fueron tomadas por estudiantes.