La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas. En una conferencia de prensa realizada este martes, los tres magistrados que integran actualmente el tribunal —cuando deberían ser siete— presentaron un proyecto para fortalecer el Poder Judicial y le enviaron un mensaje directo al gobierno de Axel Kicillof. Las vacantes hay que cubrirlas, y cuanto antes.
El flamante presidente de la Corte, Sergio Torres, fue contundente. Recordó que la Constitución provincial obliga al Ejecutivo a proponer candidatos al Senado dentro de los 15 días de producida una vacante, y denunció que ese mandato fue desoído de manera sistemática, acumulando 152 incumplimientos. El tribunal lleva más de seis años sin su composición completa, desde las bajas de Héctor Negri, Eduardo de Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud.
Las consecuencias son concretas. Con solo tres miembros, alcanzar los cuatro votos necesarios para dictar sentencias definitivas obliga a recurrir a jueces externos, quienes deben interiorizarse en expedientes que no conocen. Torres lo resumió con claridad, señalando que una Corte incompleta limita la capacidad de conducción, mientras que una integrada fortalece la institucionalidad.
Si bien Torres reconoció avances durante 2024 y 2025 —412 designaciones realizadas gracias al trabajo conjunto del Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura— advirtió que aún restan cubrir más de 200 vacantes. Una cifra que, en el primer mandato de Kicillof, llegó a ser de 700 cargos sin titular.
La iniciativa presentada también apunta a garantizar la autarquía financiera del Poder Judicial. Actualmente, la Justicia depende del Ejecutivo para definir su política salarial y ejecutar obras de infraestructura, una situación que la propuesta busca revertir permitiéndole al tribunal elaborar su propio presupuesto, en diálogo con el Ejecutivo y bajo el control de la Legislatura. Torres fue directo al señalar que sin autarquía financiera no hay independencia judicial posible.
El proyecto surgió de un consenso amplio entre la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la Asociación Judicial Bonaerense y los Colegios de Abogados, representando cerca de 100 mil voluntades según el propio Torres. Con ese respaldo institucional, el mensaje al Gobierno provincial difícilmente pueda ignorarse: el Poder Judicial no puede seguir esperando.
