La Universidad Nacional de Rosario (UNR) pidió disculpas a la comunidad judía argentina luego de la fuerte controversia generada por la proyección del documental La Gran Palestina en una de sus facultades, un hecho que motivó cuestionamientos del presidente Javier Milei y del Gobierno nacional. La institución aclaró que la actividad no contaba con autorización ni aval académico oficial y anunció una investigación para determinar responsabilidades.
El rector de la UNR, Franco Bartolacci, envió una carta al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, en la que sostuvo que la universidad no tenía conocimiento previo de la realización del evento. No obstante, remarcó que "corresponden las disculpas a la comunidad judía argentina" y aseguró que la casa de estudios ya inició actuaciones administrativas para esclarecer cómo se autorizó el uso de las instalaciones.
En el escrito, Bartolacci reafirmó que la universidad defiende la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, aunque advirtió que esos principios "no pueden convalidar, explícita o implícitamente, el accionar de organizaciones absolutamente contrarias a los valores que defendemos".
La polémica comenzó después de que el presidente Javier Milei acusara públicamente a la UNR de promover el terrorismo por la proyección del documental La Gran Palestina. Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la película fue realizada en colaboración con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), organización considerada terrorista e incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET).
A raíz del episodio, el subsecretario Alejandro Álvarez envió una advertencia formal al rector, mientras que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, solicitó explicaciones y reclamó medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse dentro de la universidad.
El documental, dirigido por el cineasta mexicano Rafael Rangel, forma parte de una trilogía sobre la guerra en Gaza y aborda el conflicto tras el alto el fuego de enero de 2025. Según su realizador, la producción fue financiada de manera independiente junto a colaboradores y periodistas que trabajaron desde la región.
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