El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará multas de hasta $900 mil a las personas que revuelvan contenedores de basura y ensucien la vía pública. Así lo anunció este lunes el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien instruyó a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad para intervenir ante este tipo de situaciones, exigiendo la limpieza inmediata del área afectada y, en caso de negativa, aplicando sanciones según el Código Contravencional.
“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, sostuvo Macri.
La medida se ampara en el artículo 94 del Código Contravencional porteño, que castiga a quienes “manchan o ensucian por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada”. Las penas contemplan trabajos comunitarios o multas que, al valor actual, oscilan entre $59.260 y $890.544.
El objetivo oficial es desalentar el vandalismo sobre los contenedores, que en el primer semestre del año registraron más de 25.500 incidentes. Sin embargo, la medida generó críticas por el posible impacto sobre personas en situación de vulnerabilidad, que suelen revolver residuos en busca de comida o materiales reciclables.
Según datos del gobierno porteño, actualmente hay 33.045 contenedores en las calles de la Ciudad. Para hacer frente al problema, ya se instalaron 7.000 nuevos modelos “antivandálicos”, con tapas de resorte que impiden la extracción de residuos y dificultan el ingreso de personas.
Estos dispositivos se colocaron en zonas críticas identificadas a través del monitoreo territorial y reportes ciudadanos. Además, el gobierno recordó que los vecinos pueden solicitar el retiro gratuito de residuos voluminosos llamando al 147 o a través de BOTI.
La estrategia incluye también una franja horaria para sacar la basura (de domingo a viernes, entre las 19 y las 21), y una regulación específica para los comercios gastronómicos, que deben embolsar correctamente los residuos y separar los reciclables.
Con este paquete de medidas, el Ejecutivo porteño busca preservar la higiene urbana y reducir los daños al mobiliario público, aunque el anuncio ya despertó debate en torno a la criminalización de la pobreza y la eficacia real de las sanciones económicas en ese contexto.
