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Por una peligrosa ley en El Salvador, periodistas que hablen de pandillas podrían ir presos

Por una peligrosa ley en El Salvador, periodistas que hablen de pandillas podrían ir presos 1

El presidente Nayib Bukele cuestiona a los medios que investigan el fenómeno de las “maras”. Las negociaciones entre el gobierno y los grupos criminales. 

Las pandillas controlan la vida diaria de El Salvador. Son un poder real capaz de decidir sobre la vida y la muerte de 6,4 millones de personas. Pero la prensa no puede hablar o escribir ni mucho menos investigar sobre las “maras”, como se llaman a estos grupos criminales que actúan en varios países de la región e incluso en Estados Unidos. 

El que lo haga, según una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, se arriesga a una pena a 15 años de prisión, la misma condena que se dicta a un homicida y mayor incluso a las aplicadas a violadores. 

“Esta ley establece que cualquier periodista o medio que reproduzca mensajes provenientes de pandillas que generan o puedan generar zozobra puede ir 15 años preso. Si entrevistas a un criminal que cuenta con información de cómo las maras están negociando con el gobierno o publicas una foto de pandillas puedes ir 15 años preso”, resumió a TN el jefe de redacción del diario digital El Faro, Oscar Martínez. 

Para el periodista, el silencio no es una opción. “Es muy importante entender cómo funcionan y operan las pandillas y descubrir sus pactos con el gobierno. Por eso voy a seguir escribiendo sobre las maras”, afirmó. 

Qué dice la Ley Mordaza aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador 

La nueva norma impulsada por el presidente Nayib Bukele fue aprobada después que las pandillas dieran una brutal demostración de su poderío: el 26 de marzo asesinaron a 62 personas en la jornada más violenta de la historia del país desde la guerra civil. Los crímenes fueron atribuidos a la pandilla conocida como Mara Salvatrucha (MS13), una de las más numerosas y sanguinarias de la región. 

Pero el contragolpe no se quedó ahí: la Asamblea dominada por Bukele aprobó un régimen de excepción que en la práctica suspendió los derechos constitucionales por 30 días y que vence el 27 de abril. “Hoy la policía puede realizar arrestos sin justificación durante 15 días o intervenir comunicaciones sin autorización de un juez”, comentó Martínez. 

Según Martínez, las pandillas realizan matanzas como las del 26 de marzo para mostrar su insatisfacción ante la marcha de negociaciones con las autoridades. “Ahora no sabemos por qué reaccionaron así. El Faro demostró que Bukele ha negociado con las pandillas desde su asunción” el 1 de junio de 2019, indicó. 

Para el periodista, Bukele “se vende como el exterminador de pandilleros” pero al mismo tiempo negocia con las maras. Y en ese marco hizo aprobar la llamada Ley Mordaza. 

“Es una ley ambigua entendiendo que están en medio de negociaciones y que para dejar al descubierto esas negociaciones siempre fue indispensable tener fuentes en el interior de las pandillas. Muchos de los videos publicados en los que se ve a autoridades negociando con pandilleros lo filmaron los propios pandilleros”, graficó Martínez. 

Desde el gobierno, “la venden como una ley contra los apologistas de las pandillas. Pero es tan vaga, amplia y malintencionada que allí cabe quien le de la gana”, sostuvo. 

Para Tiziano Breda, analista y experto en Centroamérica del Crisis Group, existe preocupación en el país sobre cómo podrá impactar esta ley en la labor diaria de los periodistas. 

“Si bien es cierto que el gobierno hasta el momento no ha utlizado este tipo de reformas para atacar a voces opositoras, la ley deja abierta una duda latente sobre su posible implementación y por lo tanto no deja de generar preocupación de que en algún momento, cuando se considere oportuno, se pueda aplicar en contra de medios de comunicación que hagan su labor de reproducir o analizar comunicaciones relacionadas con las pandillas”, afirmó Breda en diálogo con TN. 

Oscar Martínez tiene otros dos hermanos que han investigado a las pandillas salvadoreñas. Carlos, también periodista de El Faro, y Juan, antropólogo y académico que estudia el fenómeno de las maras desde 2009. 

En un artículo reciente publicado en The Washington Post, Juan Martínez denunció amenazas de muerte después que el mandatario lo tildara de “basura” en sus redes sociales por afirmar que las pandillas están tan enquistadas en la sociedad que hasta cumplen un rol social en el país. 

“El presidente y sus seguidores condenaron mi trabajo, pusieron en riesgo a mis fuentes y colocaron una diana peligrosa sobre mi cabeza al meterme en esa categoría —que tan bien han construido— de ´enemigo del pueblo´. Bukele me convirtió en un pandillero”, escribió. 

Bukele fue más allá de sus críticas y recordó que el tío de los hermanos Martínez fue Roberto d’Aubuisson Arrieta, un militar y supuesto líder de los escuadrones de la muerte de El Salvador durante la guerra civil. 

“Somos tres hermanos que nos dedicamos a lo mismo. Y se agarra de mensajes oscuros como hablar de mi tío. Es el hermano de mi madre y nunca tuvimos relación con él. Tampoco ella. Yo era un niño en esa época”, explicó Oscar Martínez en su diálogo con TN. 

Para Juan Martínez, “la necesidad de silenciarnos es una apuesta tan importante para Bukele que, en este momento, se castiga con más años el ejercicio informativo que la violación (de seis a 11 años), y entra dentro del rango del genocidio (10 a 25) y el homicidio simple (10 a 20 años). La construcción de la categoría de pandillero es ahora una prerrogativa del Estado, y un saco enorme en el que ahora mismo están metiendo a cualquier voz incómoda que ponga en peligro la narrativa falsa del presidente”. 

“En poco tiempo mi trabajo, el de mis hermanos Carlos y Óscar, periodistas del sitio El Faro, y el de decenas de periodistas y académicos, ha quedado proscrito. La labor de investigar en territorios controlados por las pandillas y entrevistar a miembros de estas estructuras para comprender y explicar los procesos de violencia, ha quedado prohibido de forma indefinida”, advirtió. 

Juan Martínez ya dejó El Salvador. Carlos y Oscar aún permanecen en el país centroamericano, pero miran cada vez con más fuerza la posibilidad del exilio. “Por ahora me quedo y preparo salidas de emergencia”, afirmó Oscar. 

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