El expresidente Alberto Fernández se presentó nuevamente en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga presunto fraude millonario en la contratación de seguros durante su gestión. Fernández negó cualquier participación en maniobras ilícitas y pidió su sobreseimiento.
El exmandatario está imputado por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Durante la audiencia, su defensa ofreció nuevas pruebas y solicitó la citación de varios exfuncionarios, entre ellos Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Miguel Pesce, para respaldar su versión.
“El Dr. Fernández creyó necesario hablar ante el nuevo Magistrado y reafirmar con argumentos y datos objetivos su absoluta ajenidad con el hecho investigado”, informaron desde su entorno a través de un comunicado. Allí se insistió en que el decreto 823/2021, en el que se basa buena parte de la acusación, no constituyó una maniobra delictiva, sino una herramienta para proteger el patrimonio del Estado.
Fernández también respondió a las sospechas sobre su vínculo con Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers involucrados en la causa. Aclaró que lo conoce desde hace años pero negó haberlo beneficiado durante su mandato, señalando que ya trabajaba con el Estado mucho antes de su gestión.
La causa investiga si, a través de un decreto presidencial, se direccionaron contrataciones obligatorias de seguros hacia Nación Seguros SA, con la intervención de intermediarios privados que habrían cobrado comisiones millonarias. Se analizan al menos 45 contratos y la participación de 25 brokers. Entre los sospechosos también figura Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, a quien la justicia señala como un posible testaferro.
El juez Casanello, que asumió la causa tras la salida de Julián Ercolini, aún no definió si procesará o no al expresidente. La investigación cuenta con un extenso informe de 600 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detalla conexiones entre funcionarios y empresarios privados durante el período investigado.
Ahora el expediente está en etapa clave: el magistrado deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar en un procesamiento o dictar el sobreseimiento del exmandatario.
