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BRANDSEN: Paula Ferrari manifestó que la Justicia la restituyó en el Juzgado de Faltas local

La abogada Paula Ferrari manifestó en su cuenta de Facebook: “Por el derecho a la información de los vecinos de Brandsen cumplo en informar: (…) el 29 de agosto 2018 -apartado de todo contenido jurídico- el Intendente, con el voto de su bloque Cambiemos en el HCD, disolvió el Juzgado de Faltas municipal y decidió la destitución del cargo de jueza de faltas, asignando e imponiendo funciones de instructora”. A través de este breve escrito Ferrari detalla: “En aquél momento se dejó constancia de la ilegalidad y retroceso jurídico. La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata ordenó el 14 de mayo 2019 que debía restituirse el Juzgado y la Jueza de Faltas. Esa medida cautelar fue cuestionada por el departamento Ejecutivo, y el 29 de agosto de 2019 la justicia en primera instancia, nuevamente, ratifica la cautelar de restituir Juzgado y Jueza de Faltas. Siendo notificado por oficio y ordenando al propio Intendente su cumplimiento por el Juez Contencioso Administrativo N°3 de La Plata. Dicho oficio judicial fue ingresado en mesa de entradas municipal el 2 de septiembre”.

Paula Ferrari culmina consignando en su muro: “Así las cosas... Hoy un año que el Intendente ejerce funciones de control y sanción bajo la propia secretaría de Protección Ciudadana quien oficia de juez y parte. Es imprescindible en un Estado democrático que cada uno cumpla la función para la que legalmente fue designado. No olvidar ‘Que la injusticia en una parte es una amenaza a la justicia en todas partes’.”

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ARCHIVO DLN 17/05/2019

La Justicia ordenó restituir el Juzgado de Falta (Ver aquí)

La determinación de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata lleva la firma de los jueces Dres. Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta. A través del escrito la Cámara hizo lugar a la medida cautelar presentada por la jueza de Faltas de Brandsen, Paula Ferrari, y ordenó restituir el organismo y reponer en el cargo a la funcionaria. A partir de esta decisión se ordena retrotraer la situación a los momentos previos a la sanción de la Ordenanza 1.970 que dispuso la disolución del juzgado de faltas. Y se indica que los jueces de faltas tienen un procedimiento especial de remoción, que gozan de estabilidad en el cargo “para mantener la garantía de autonomía e independencia en sus decisiones”, ordenando al intendente Oscar Daniel Cappelletti “a restituir el Juzgado de Faltas de Brandsen y a la Dra. Paula Ferrari como Jueza de Faltas local, considerando que la supresión del juzgado va en contra del interés público”. El juzgado fue creado en enero de 1996 a través de la Ordenanza 590.

El intendente aseguró en diálogo con Video Cable que la Dra. Paula Ferrari no fue desplazada y que sigue cobrando el mismo sueldo –como si estuviera en actividad- Aseguró que el Municipio no fue notificado de la resolución judicial en esta instancia que se habría dado a partir de un amparo. Además dijo que en primera instancia se le dio la razón al Ejecutivo y que desconoce pormenores y el porqué del cambio de opinión.

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ANTECEDENTES

El 21 de agosto del año pasado, en la sesión 10/18 del HCD desarrollada en la Escuela Secundaria N° 3 de la localidad de Jeppener, el Concejo degradó a la jueza Ferrari y disolvió el Juzgado de Faltas, retornando el poder al intendente.
“Cuando se aprobó la ordenanza de creación del juzgado toda la normativa sobre competencia de los juzgados de faltas y en particular la de tránsito era otra totalmente distinta”, dijo el edil radical Marcos Erregue repasando los cambios que se dieron en la legislación provincial y nacional y la competencia de los juzgados provinciales en lo atinente a las rutas. Manifestó también que la estructura del juzgado local fue pensada y diseñada para otra realidad. Recordó que más allá de la derogación de la Ord. 590/96 se le dará continuidad al personal, preservando su estabilidad.

Por su parte el concejal Gastón A. Arias argumentó el voto en contra: “Sienta un mal precedente esta decisión intempestiva y sin sentido”. Opinó que es “un retroceso institucional”. Sostuvo que lo antedicho es la consideración del bloque del PJ-UC. Agregó luego que los elementos estadísticos no alcanzan para llevar adelante tamaña determinación, que se basa en una caída en la producción del trabajo –según definió-. “Un juzgado de faltas no se debe medir por lo cuantitativo”, dijo Arias. “Los tiempos que corren ameritan que esta institución aún se jerarquice más”. Acotó también que la supresión de la justicia de faltas va a contramano de la puesta en vigencia del estacionamiento medido. Y que la justicia de faltas no debe ser entendida únicamente como un órgano de sanción, valorando la función de educación y prevención. Dijo que involucra a todas las faltas -contravenciones- más allá de la seguridad vial. Y que en el último tiempo se capacitó a personal al respecto y ahora se disuelve este órgano. Arias criticó al Intendente al decir: quien va a quedar a la cabeza de la justicia de faltas “no es un entendido en la materia”, y que eso también lleva a un retroceso y se pretende ser “juez y parte”, y eso no es adecuado. “Es una especie de destitución encubierta de quien encabeza la justicia de faltas -Paula Ferrari- y no hemos observado ninguna anomalía o irregularidad en su desempeño que justifique esto”. El juzgado debe ser para los ciudadanos una garantía de imparcialidad, subrayó.

¿Qué opinaron en agosto del año pasado? Gastón Arias enunció que en el futuro la aprobación de esta norma generará un perjuicio para el erario municipal y en definitiva para los contribuyentes de Brandsen. Y que se trata de una decisión unilateral que alarma, “se está cometiendo un error”, alertó.

Gabriela Cienfuegos dijo que esto se parece mucho a cuando los chicos se mandan una macana y hablan cortito y entre dientes y no se entiende lo que están diciendo, porque no quieren que se entienda, “no les conviene que se entienda”. Opinó que es grave porque “se cierra una institución de la vida democrática” y con esta medida se les quita garantías a los ciudadanos, queda en una sola persona acusar y defender. Ni siquiera pasa por una cuestión económica, para abaratar costos, porque el personal va a seguir. No existe necesidad y esto traerá más perjuicios que beneficios. Concluyó diciendo que hay precedentes de casos como este donde se ha tenido que indemnizar a los removidos de sus cargos y ese dinero ha salido del erario municipal. Tildó el hecho de “mala praxis” y entiende que existe “responsabilidad legislativa ante el capricho del Ejecutivo de disolver una institución. Es muy probable que se declare inconstitucional”.

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La legisladora Graciela Neira aclaró que estamos frente a una potestad del Ejecutivo, que delega en el juzgado de faltas. En definitiva, la autoridad máxima es el Intendente. “¿Los cuatro años de licencia de la Jueza de Faltas fue un caso excepcional?”, se preguntó Neira, acotando que ahí actuó el Ejecutivo. En lo atinente a la norma de estacionamiento medido opinó que no es recaudatoria y se informará adecuadamente a los ciudadanos. Pidió no mezclar las cosas y no cargar de intencionalidad el tema aunque se tenga miradas diferentes sobre el hecho.
Sandra Gallardo respondió sobre el tiempo en que la jueza Ferrari pidió licencia: “No se disolvió el juzgado de faltas”, dijo y había una secretaria que tomaba las audiencias y luego firmaba el intendente. Para Gallardo disolver el juzgado es una barbaridad y un retroceso.
Ramiro Alcuaz también se refirió a este hecho y pidió “desdramatizar”. Dijo que se trata de una decisión política. “Si uno observa el organigrama municipal puede advertir claramente que el juzgado de faltas forma parte de la administración municipal y como tal depende directamente del intendente”. Alcuaz también se refirió a la división de poderes y que no es como en el orden provincial o nacional. “En Brandsen hay dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo”, y que la justicia municipal de faltas depende del intendente y del Municipio presupuestariamente. Sobre la función educativa y preventiva la debe dejar a otras dependencias municipales para cumplir básicamente es la de juzgar. “Todos sabemos que el juzgado de faltas se creó por una ordenanza y toda ordenanza puede modificarse por una norma de igual jerarquía, otra ordenanza”. Reiteró que esta disuelve el juzgado pero garantiza la fuente de trabajo y la estabilidad de los agentes municipales. Adelantó que existirá una dirección de Faltas que suplirá al juzgado y dictaminará al respecto.

Marcos Erregue cerró y fue la voz cantante del bloque oficialista. Como titular de la bancada de Cambiemos y en su condición de profesional del Derecho explicó cada punto explayándose sobre el particular. Inicialmente dijo que se está trasmitiendo una preocupación excesiva. Las infracciones de tránsito cometidas en rutas provinciales eran competencia de los juzgados de faltas y ya no lo son más, explicó. Objetivamente eso implica una reducción ante la pérdida de competencia municipal. Recordó que el juzgado de faltas es administrativo y juzga infracciones. También que quedan fuera de su competencia las infracciones en las rutas provinciales, algo que antes juzgaban –y tenían un trabajo formidable con los radares- esto ameritó dotar a la justicia de faltas municipal de recursos, personal y presupuesto acorde.

Avanzó pidiendo que puntualicen –desde el PJ- los fallos en los que se generó un perjuicio económico al municipio que suprimió el juzgado. Dijo que en todos esos casos la disolución fue por decreto y en el marco de una legislación de emergencia. El procedimiento llevado a cabo por esos municipios fue distinto al que se llevó adelante acá, aseveró. Por último ahondó en conceptos como la estabilidad del personal -incluida la jueza- y la defensa en juicio. Aclaró también que la sentencia de un juzgado administrativo, en caso de pasar a otra instancia la revisa la justicia ordinaria, un poder distinto, y que lo mismo ocurre ante el juzgamiento de una falta por parte de un intendente. En tanto recursos municipales se realizará una reasignación, no una supresión. Transmitió tranquilidad. El debate se extendió durante 50 minutos. Puesto a votación se aprobó la derogación de la Ordenanza 590 por mayoría con el voto afirmativo de Cambiemos (6) ausente Sargiotti y Parisi; y el voto negativo del PJ-UC (5) ausente Carasatorre.

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LA MEDIDA

La Ordenanza 1.970 deroga la 590 de creación del Juzgado de Faltas, disponiendo el cese de su funcionamiento debiendo en consecuencia reasumir la función el intendente municipal. Se lo faculta a “reasignar a los agentes afectados al juzgado, debiendo respetar su situación de revista, reubicando al personal que resulte excedente sin alterar los principios estatutarios y del convenio colectivo, así como a realizar las readecuaciones presupuestarias de rigor”. El bloque oficialista dejó en claro que la medida tomada está dentro de los límites que establece la Constitución y las leyes vigentes, no se deroga el principio de defensa en juicio, simplemente cambia quien imparte justicia, pero las garantías siempre son las mismas. Estamos hablando de un ámbito administrativo. –Archivo TRIBUNA-

Esta situación motivó un escrito de la Asociación de la Justicia Municipal Bonaerense. En la nota, Carlos Rey indica al intendente Cappelletti que la entidad que representa “nuclea y representa a los jueces y secretarios letrados municipales de la provincia de Buenos Aires y entre sus objetivos persigue la consolidación de esta institución en el ámbito de los 135 municipios hoy vigentes. Por este motivo, nuestra entidad entiende que la medida por usted propuesta atenta contra el objetivo antes señalado, al constituirse en una franca involución institucional en esta materia”, agrega. Rey cuestiona que con ese proyecto se “pretende subsumir en el Departamento Ejecutivo la figura de ‘juez y parte’ con franca violación de proclamas y preceptos institucionales de respeto por las funciones esenciales de un gobierno municipal. Más grave aún consideramos que es una práctica que resultara violatoria de pactos internacionales con rango constitucional”, y que “se verá sin duda afectado al carecer los habitantes de Brandsen de un juez natural, imparcial e independiente como el que desde 1996 hasta la fecha entiende en la causas de jurisdicción local”. La Asociación sugiere que la disolución del juzgado “sólo podría entenderse si la motivación que lo anima es la de eludir el procedimiento de juicio político establecido en el Decreto Ley 8751/77, para dejar sin efecto el cargo de juez local”.

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