En el marco del 44° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó en el centro de la polémica tras referirse al hundimiento del ARA General Belgrano y descartar que se haya tratado de un crimen de guerra.
Durante una entrevista brindada el 2 de abril, el funcionario sostuvo que el ataque perpetrado por el submarino británico HMS Conqueror debe entenderse como “un acto de guerra”, al considerar que se produjo en un contexto de combate. La declaración reavivó un debate histórico y generó un inmediato rechazo en distintos sectores políticos y sociales.
Las palabras del ministro contrastan con la postura sostenida durante décadas por amplios sectores de la sociedad argentina, que consideran ilegal el hundimiento del crucero, principalmente porque ocurrió fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido durante el conflicto de 1982.
La reacción no tardó en llegar al Congreso. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para expresar su “más enérgico repudio” a los dichos de Presti, al considerarlos una “ofensa inexcusable” para los familiares de los 323 tripulantes fallecidos y para toda la sociedad.
En su iniciativa, el legislador también exigió una rectificación pública por parte del ministro y remarcó que el Belgrano se encontraba a 231 millas marinas de la zona de exclusión al momento del ataque, lo que, según su interpretación, invalida cualquier justificación bajo las propias reglas impuestas por Gran Bretaña.
Asimismo, Paulón solicitó que el Estado Nacional reafirme el reconocimiento a los caídos como víctimas de una agresión que vulneró los estándares internacionales del derecho de guerra.
