El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal para que se investigue a la ministra Patricia Bullrich y a su hijo, Francisco Langieri, propietario de la cadena de cafeterías Tostado, por presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo.
La presentación judicial también incluye a Fernando Goijman, socio minoritario en dos de las sociedades bajo la lupa: Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., firmas que concentran el esquema de franquicias de la marca.
Según expuso Dalbón, la denuncia se apoya en una investigación periodística que advierte sobre un crecimiento acelerado del grupo empresario, con más de 70 locales gastronómicos operando bajo distintas razones sociales, una facturación estimada en más de 63 millones de dólares anuales y la existencia de cheques rechazados por falta de fondos.
Uno de los puntos centrales señalados en la denuncia es la coincidencia de domicilios: una de las sociedades vinculadas a Tostado tendría sede en una propiedad ubicada en Beruti al 3800, dirección asociada patrimonialmente a Bullrich, lo que —según el abogado— reviste relevancia fiscal y patrimonial.
Dalbón sostuvo que la expansión de la cadena se habría producido en un lapso reducido, alcanzando un valor millonario, sin que existan antecedentes públicos de capital inicial, financiamiento bancario relevante ni trayectoria empresarial previa que permitan explicar ese crecimiento. En ese sentido, advirtió que la falta de información clara sobre el origen de los fondos abre interrogantes que deben ser investigados por la Justicia.
Otro aspecto destacado es la existencia de cheques rechazados en empresas que, en los papeles, exhiben una gran capacidad económica. Para el denunciante, esta situación podría ser indicio de desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia dentro del entramado societario.
La presentación también hace foco en la proyección internacional del grupo Tostado, que cuenta con locales en Uruguay, Brasil, Estados Unidos y España. Por ese motivo, Dalbón solicitó que se rastreen las operaciones comerciales en el exterior, al considerar que la multiplicidad de sociedades y franquicias podría utilizarse para fragmentar ingresos, trasladar costos y ocultar la verdadera magnitud del negocio.
“Durante años muchos evitaron avanzar porque se trata de una persona con poder. Nosotros no”, afirmó Dalbón, quien aseguró que esta es la tercera causa de relevancia penal que involucra a Bullrich en el actual contexto político y sostuvo que “se terminó la impunidad”.
Entre las diligencias probatorias, el abogado pidió que la Justicia intime a los responsables de las firmas a presentar documentación contable y societaria. En caso de incumplimiento, solicitó la realización de allanamientos.
Además, requirió que la Unidad de Información Financiera analice los movimientos bancarios y financieros vinculados a Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., y que la Inspección General de Justicia informe sobre la composición societaria y autoridades de ambas empresas
