Los integrantes de la fuerza de seguridad estaban siendo investigados por la muerte del joven en Chubut, en medio de una protesta en las inmediaciones de la Ruta 40.
El juez federal Gustavo Lleral sobreseyó a cuatro gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, ocurrida en agosto de 2017 en el sur de nuestro país, en el marco de un operativo de seguridad para despejar una protesta.
Maldonado murió luego de una manifestación en Chubut, en el paraje Pu Los de Cushamen y se investiga si la misma fue motivada o no por la participación de la Gendarmería Nacional. Los sobreseimientos recayeron sobre el gendarme Emmanuel Echazu, investigado por "desaparición forzada de persona"; y también sobre Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, acusados por los delitos de "daño, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público".
“Las razones asentadas sobre las evidencias que determinan, de manera indiscutible, mi convicción, es que sostengo con la certeza suficientemente necesaria que en los eventos verificados los días 31 de julio y 1 de agosto de 2017, no existe absolutamente, ninguna conducta humana que sea susceptible de constituir un ilícito penalmente típico”, sostuvo el magistrado en el fallo.
Los gendarmes ya habían sido sobreseídos pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había revocado esa medida y ordenó seguir investigando ante la sospecha que el joven artesano de 28 años pudiese haber sido abandonado por los efectivos en el Río Chubut donde su cuerpo fue encontrado.
"Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo de la totalidad de estas actuaciones y de todos sus trámites accesorios", añade el documento.
A Maldonado se lo vio por última vez el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo apareció recién el 17 de octubre de ese año. La sospecha siempre estuvo sobre el accionar de la Gendarmería Nacional ya que ese 1 de agosto se llevó a cabo un operativo en la comunidad Pu Los en Resistencia Cushamen, en inmediaciones de la Ruta 40, la cual era ocupada por la comunidad mapuche.
El magistrado tuvo en consideración que Gendarmería no detuvo en ese operativo ni a Maldonado ni a ninguna otra persona, y tampoco que haya sido llevado a algún lugar por la fuerza de seguridad. En ese sentido, indicó que "la copiosa y vehemente prueba" descarta de plano "cualquier conjetura tendiente a sostener que el cuerpo de la víctima fue artificialmente colocado en donde fue hallado".
De la autopsia realizada el 20 de octubre de 2017 se desprende que el joven murió por asfixia por sumersión y que su ingreso a las frías aguas del río fue cuando estaba con vida. El informe dice que las bajas temperaturas de las aguas "atrofiaron su cuerpo" y hasta se especula con la supuesta pérdida de consciencia.
“Debo tener por probado que Santiago Andrés Maldonado falleció en el Río Chubut, a la altura del predio ocupado por la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la hondonada de aproximadamente más de 2 (dos) metros de profundidad en la que se sumergió el 1 de agosto de 2017; y que su cuerpo sin vida permaneció ininterrumpidamente allí hasta que fue hallado el 17 de octubre de 2017, primero sumergido en el fondo del lecho y, pocos días antes de su rescate, flotando en la superficie de ese curso de agua”, sumó el juez Lleral en su extenso resolución.
Además, afirmó que "ninguna de las conductas desplegadas" por los gendarmes que intervinieron en el hecho "puede ser considerada delito pues la actuación funcional de los uniformados fue ordenada judicialmente y siempre ajustada a la ley".
