Este lunes comenzó en los Tribunales de Río Cuarto el juicio por el caso de Solange Musse (35), la mujer de Alta Gracia que falleció de cáncer sin poder reencontrarse con su padre, Pablo Musse, en el marco de las restricciones por la pandemia de Covid-19.
Durante más de diez años, Solange peleó contra un cáncer de mama. Se había instalado en Córdoba junto a su madre para acceder a un tratamiento médico cuando se decretó el aislamiento.
El 16 de agosto de 2020, Pablo Musse emprendió el viaje desde Plottier, Neuquén, con destino a Córdoba. Lo acompañaba su cuñada, Paola Oviedo —nacida en Alta Gracia—, quien tiene paraplejia. Al llegar a Huinca Renancó, fueron detenidos en un control sanitario, sometidos a testeos y finalmente se les prohibió continuar el trayecto. A pesar de la situación particular, recibieron la orden de regresar escoltados por la policía a Neuquén, sin poder detenerse siquiera para comer o ir al baño.
“Acá deberían estar desde Alberto Fernández hacia abajo todos, en el banquillo de Tribunales dando explicaciones. El gobernador Schiaretti, el ministro Cardozo, el titular del COE, Vignetta, entre otros”, expresó Pablo Musse en diálogo con La Voz en Vivo.
En ese contexto, Solange escribió una carta pública en la que dejó un mensaje contundente: “Acuérdense, hasta el último suspiro tengo mis derechos”. En el texto, además, denunció como “humillante e inhumano” el trato hacia su padre y su tía. Falleció pocas horas después.
A cinco años de aquel episodio, la Justicia sentó en el banquillo a dos funcionarios: Eduardo Javier Andrada, médico y entonces director del hospital de Huinca Renancó, y Analía Elizabeth Morales, trabajadora social que cumplía funciones en el COE de Río Cuarto. Ambos están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, señalados como quienes habrían decidido impedir el ingreso de Musse a Córdoba.
El abogado de la familia, Carlos Nayi, relató: “El padre y la tía llegaron a las 6.30 de la mañana a Huinca Renancó, por ruta 35. Y luego de dos horas y media, después de unos testeos rápidos (le da positivo para anticuerpos) le prohíben el ingreso a la Provincia, desconociendo el protocolo número 48 y el derecho en situaciones impostergables y de urgencia, de dar el último adiós al ser querido, que no podía ser negado”.
Según explicó, la imputación contra Morales y Andrada surge de que el decreto 297/20 —que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio— contemplaba excepciones que nunca se aplicaron. “Contenía excepciones que no las supieron leer y si las leyeron no quisieron poner en práctica, una manera particular de delinquir con un enorme daño, para Solange que no pudo despedir al padre y para el padre que no pudo darle un último abrazo”, sostuvo el letrado.
Nayi remarcó que el protocolo 48 habilitaba contemplar excepciones humanitarias en situaciones críticas, algo que nunca se gestionó para Pablo Musse.
