El Gobierno Nacional presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral. La denuncia se centra en la filtración y difusión de audios privados de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, los cuales fueron manipulados y divulgados sin autorización.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta acción no fue una simple filtración, sino un "ataque ilegal, planificado y dirigido".
La denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, subrogado por el juez Julián Ercolini.
Además, se logró una medida cautelar para evitar la reproducción de los audios y proteger la privacidad de los involucrados. Entre los presuntos responsables de esta operación se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. La Justicia ha ordenado allanamientos en sus domicilios y en el medio de comunicación "Carnaval Stream".
El Gobierno considera que este acto busca generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales. Se basan en la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe el espionaje político y la manipulación de la opinión pública mediante actividades clandestinas. Desde el Ejecutivo se afirmó que no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia.
