La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a la Justicia Federal que se realicen allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como en las oficinas de la empresa Carnaval Stream. Esta acción responde a la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, grabados presuntamente en la Casa Rosada. El Gobierno considera que se trató de una operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que las grabaciones fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. Además, un juez civil dispuso una medida cautelar que prohíbe la difusión de estos audios en medios de comunicación y redes sociales.
La denuncia también incluye a Franco Bindi, abogado señalado por la Casa Rosada, y a Pablo Toviggino, empresario vinculado al canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los audios. El Gobierno considera que esta filtración busca generar caos y desinformación en el proceso electoral.
