Debido a las modificaciones que sufrió la Participación Público Privada - PPP-, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias en ruta, algo que antes le correspondía a las empresas. El hecho fue denunciado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, debido a que complica los números de los municipios perjudicados por esta medida.
Esta medida alcanzará a rutas nacionales que atraviesen la Provincia de Buenos Aires. El corredor vial A (rutas nacionales 3 y 226) quedó afectado con esta modificación al igual que otros como el E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).
Las empresas concesionarias de los corredores viales dejarán de tener a su cargo los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios. Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones.
“Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Por último, Lorenzino puntualizó: “Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos”.
