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Suspenden a la jueza de Paz de San Vicente por quemar denuncias y maltratos

Suspenden a la jueza de Paz de San Vicente por quemar denuncias y maltratos 1

La Suprema Corte de la Provincia le dio una licencia de 90 días a la titular del Juzgado de Paz de San Vicente, María Julieta Ormaechea, por quemar causas de violencia de género y maltratar a víctimas que acudían a su juzgado.

Todas las acusaciones se encuentran en un expediente administrativo que la Subsecretaría de Control Disciplina de la Suprema Corte bonaerense abrió como paso previo a la denuncia presentada el 17 de abril pasado por el procurador Julio Conte Grand, en la que acusó a la titular del Juzgado de Paz de San Vicente, Julieta María Ormaechea, de “quebrantar las normas protectoras contra la violencia familiar”, según informaron fuentes judiciales.

En el informe, acusan a la jueza de sistematizar “en su desempeño un actuar impropio de un magistrado”. Le adjudican haber exigido “la ratificación de las denuncias”, cuando la ley 12.569 de Violencia Familiar “nada dispone al respecto, imponiendo un requisito que limitó el acceso a la Justicia e impidió el dictado de medidas tuitivas urgentes”.

El informe asevera que de “los numerosos testimonios colectados por la instrucción, surgen situaciones de maltrato por parte de la Dra. Ormaechea a mujeres que comparecieron ante los estrados del Juzgado por la problemática de Violencia Familiar”.

“¿Ud. es tarada? Es mogólica? Es discapacitada? (…) vuelva con él y déjese de molestar”. Eso le habría “sugerido” la jueza de Paz de San Vicente a una mujer que pretendía denunciar por segunda vez a la pareja por agresiones, pero, antes de que pudiera explicarle a la funcionaria su historial de violencia, de “muy mala manera, con malos modos, gritando”, ésta le dijo que se dejara “de jugar con la Justicia”.
También adjudican a las actitudes de la jueza “el traslado masivo de muchas víctimas a juzgados platenses”.

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Además, Julieta María Ormaechea, será sancionada por ordenar incinerar en una parrilla del juzgado las denuncias no ratificadas, “circunstancia que impidió su parametrización e incorporación estadística al registro de Violencia familiar”, en contraposición con lo ordenado por resoluciones de la Corte, lo que podría configurar, resaltaron, “delitos tipificados en el Código Penal”. Sólo se habrían salvado del fuego las denuncias archivadas entre 2016 y 2018.

“… la doctora Ormaechea dio la orden de la destrucción (...) dejando las del año en curso”, declaró la oficial mayor del juzgado, calculando que fueron quemadas, “ya que no tenemos destructor de papel y a la calle no se sacan”. Según dijo, se las quema “en la parrillita del patio de atrás”, sin descartar que de esa tarea pudo ocuparse “la chica de la limpieza”.

“Este proceder reviste suma gravedad, en tanto no se trataba de copias sino de denuncias originales remitidas por la Comisaría de la Mujer” e ingresadas en el juzgado con “carácter de instrumento público”, señala el informe.

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La subsecretaría de Control Disciplinario detectó por otro lado que la jueza “exigió patrocinio letrado en etapas procesales donde no era necesario”, para avanzar en una denuncia por violencia familiar contra mujeres.

Por otro lado, la acusaron de pergeñar “un desplazamiento hacia otros órganos jurisdiccionales protectorios a sabiendas de su competencia”, violentado “el acceso a la Justicia”, se informó. “Sólo a título ejemplificativo -detallaron- de las más de cincuenta caso compulsados por la instrucción, se cita la causa ‘SYZ c/ ZSA s/ Exclusión del hogar’, donde se efectuaron denuncias por violencia doméstica y, ante el silencio y requisitos dilatorios y burocráticos exigidos por el juzgado, se debió concurrir a los juzgados de La Plata”.

A su vez, le achacan haber negado “de forma sistemática las medidas cautelares protectorias” y, cuando se lograba obtener una, a través de un “elongado procedimiento” exigirle “a la parte el trámite de acciones no vinculadas a la violencia, bajo apercibimiento de dejarla (a la cautelar) sin efecto o no renovarla cuando se venciera”.

 

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