El secretario de Minoridad del STANDAYM, Pablo Lenz, denunció un profundo “deterioro institucional y laboral” en el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque. La crítica llega en medio de motines en los centros de menores y el debate nacional por la edad de imputabilidad.
Según Lenz, el nuevo reglamento laboral que se comenzará a aplicar desde este 1 de julio, firmado en octubre por los gremios ATE, SOEME, UPCN y otro sindicato escindido de Salud Pública, fue aprobado “a espaldas de los trabajadores”. Considera que el esquema 12x36 empeora las condiciones, impide tener un segundo trabajo y aumenta la sobrecarga emocional por bajos salarios.
El dirigente sindical también denunció la creación de 120 cargos jerárquicos “a medida de los gremios firmantes”, en un sistema de privilegios que, según él, promueve el nepotismo. “Hay parientes, amigos, novias e hijos en cargos de conducción. Es un reglamento vergonzante”, aseguró, al tiempo que cuestionó la falta de concursos abiertos para acceder a los puestos.
Lenz señaló que el nuevo esquema se impuso durante el receso de verano, con un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof. Afirmó que las autoridades buscan imponerlo “le guste a quien le guste”, y denunció autoritarismo por parte de Larroque y la directora Andrea Cáceres. “El que no está de acuerdo, que renuncie”, habrían dicho en reuniones.
A su vez, el referente del STANDAYM acusó a los gremios mayoritarios de boicotear la organización de base y promover desafiliaciones. Frente a la falta de representación en las negociaciones paritarias, impulsó una inscripción simple para respaldar legalmente posibles medidas de protesta y evalúan iniciar acciones judiciales para frenar el decreto.
Por último, Lenz denunció irregularidades contables en los contratos de viandas, horas extras infladas y presencia ficticia de personal policial. “El OPNyA es una caja donde todos meten mano para financiar la política”, sentenció. Y concluyó: “No vamos a quedarnos callados mientras destruyen los derechos laborales y la política pública de niñez en la provincia”.
