Con unos días de respiro por la postergación del desalojo, la gobernación bonaerense buscará armar un acuerdo con las familias de la toma de Guernica y varios intendentes del conurbano.
Según explicó Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, la idea es que se queden en Guernica los que son locales y que los intendentes localicen en sus partidos de origen al resto de las familias. Las solución no será fácil porque muchos no quieren irse.
La idea que evalúan los funcionarios de Axel Kicillof es que sólo los vecinos procedentes de Guernica se queden en ese municipio, y que otros intendentes den una solución al resto de las familias, relocalizándolas en sus partidos de origen. Así lo señaló Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.
“La provincia está pensando, a partir de todo lo que ha sucedido en los barrios populares, atravesados por la pandemia y con deudas estructurales, que esta situación de toma de tierras tiene que dar lugar a un plan integral de hábitat, y en eso estamos trabajando”, agregó.
Pascolini dijo que la provincia quiere “un desalojo acordado”, que implique la firma de actas de compromiso entre el Estado y quienes reclaman un lote donde vivir. Esto sugiere que consideran improbable que pueda lograrse una solución- --en términos de acceder a un lugar-- para todos de manera inmediata. En parte de los casos, el estado ofrecería firmar un compromiso o algún otro instrumento de ese tipo.
En el censo realizado por el estado bonaerense con apoyo de ministerios nacionales, se registraron 1.904 personas, aunque el número podría aumentar porque no todos accedieron a censarse. Las casillas son 2.344, cada una con su lote.
Los abogados de La Gremial que representan a los vecinos que están en la toma señalan que hasta ayer, el ofrecimiento de las autoridades era armar el registro con la promesa de asistencia y seguimiento, "pero el planteo era váyanse y después vemos". "Hay muchas personas que no pueden volver a donde vivían antes, en algunos casos porque han perdido sus trabajos o por cuestiones de violencia de género", adelantó sobre este punto la abogada María del Rosario Fernández. Todo el panorama indica que las negociaciones no serán fáciles ni libres de tensiones.
Durante la mañana también habló, con definiciones muy similares a las de Pascolini, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. "La idea es relocalizar a las personas en sus lugares de origen", detalló. Y consideró que "más allá de que no estamos de acuerdo que el tema esté judicializado, el juez tiene buena voluntad para acompañar las decisiones de la Provincia".
Sobre la fecha del desalojo, apuntó que si bien quedó fijado como el plazo el 1 de octubre, "seguro va a llevar más tiempo" .
"Planteamos la no judicialización de la toma y estamos en contra de la intervención de las fuerzas de seguridad. Los propietarios reclaman algo legítimo, que son sus terrenos, pero tienen que entender que esa respuesta no es inmediata", dijo.
