La orden judicial pasa para el 1 de octubre tras el pedido del Gobierno bonaerense que busca una salida "sin violencia" y relocalizar a los ocupantes.
La Justicia había ordenado que el desalojo de estás 100 hectáreas del conurbano bonaerense, que habitan 2.500 familias desde julio, comenzara este miércoles a la mañana y finalizara el viernes. Pero el pedido de Kicillof a último momento postergó la medida hasta el 1 de octubre.
La semana pasada, la Justicia ordenó que el desalojo se implemente este miércoles y jueves, pero en la Provincia consideran que el Estado necesita más tiempo para reubicar a las familias desplazadas de la toma.
Este martes, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se reunió con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero. Según fuentes de la Gobernación, Larroque planteó en ese encuentro la posibilidad de retrasar el desalojo para buscar alternativas para reubicar a las personas que serán desplazadas, mientras que Cantero pidió que el desalojo se haga desde este miércoles y ya advirtió que no quiere que las familias desalojadas que no sean del distrito, sean reubicadas en otras áreas de su municipio.
Según sostienen en el gobierno de Kicillof, la provincia cumplió todos los pasos que ordenó la Justicia: "Ayer estuvieron los datos del censo y se necesita un poco más de tiempo para operar los mecanismos de solución en función de la información recolectada", señalaron.
Del relevamiento oficial, surgen estos datos:
-Se detectaron 2.344 "hechos físicos" en el predio. Cada "hecho físico" es una casilla, una carpa o una chapa sostenida por palos.
-Hubo 1.904 personas que respondieron a la encuesta del censo.
-De esas 1.904 personas, la mitad no quiso brindar datos acerca de su procedencia, es decir que no dijeron en qué localidad vivían antes de llegar al predio tomado.
A principios de septiembre, cuando se conoció la toma del predio en Guernica, los intendentes peronistas de la zona se reunieron en Presidente Perón para apoyar el pedido de desalojo que impulsó la intendenta Cantero.
De esa reunión salió un documento en el que varios de los jefes comunales más importantes del sur y el oeste del conurbano condenaron la usurpación de los terrenos.
"No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley", decía ese texto.
La cuestión generó diferencias internas en el Frente de Todos. El Movimiento Evita (que cuenta con varios funcionarios en el gobierno nacional) propuso que la Provincia compre los terrenos usurpados y que integre un fideicomiso para luego vender los predios a los ocupantes con financiamiento subsidiado. En la gobernación dijeron que ese proyecto es "un delirio".
